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Piden destitución de titular de Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo

El abogado de la empresa Pucalá José Ocaña presentó el pedido de destitución.
El abogado de la empresa Pucalá José Ocaña presentó el pedido de destitución.

El abogado de la empresa Agropucalá, José Ocaña Vargas acusa a la jueza Doris Haydé Pisfil de favorecer con fallo a Edmundo Gálvez, a quien calificó de prontuariado.

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La destitución de la jueza del Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo, Doris Haydee Pisfil Salazar, solicitó ante el Órgano de Control de la Magistratura, el apoderado de la empresa Agropucalá, José Ocaña Vargas, acusándola de haber incurrido en faltas graves en sus decisiones, que afectan a la azucarera en su patrimonio y las remuneraciones de los trabajadores.

El abogado Ocaña Vargas precisa que la jueza Pisfil Salazar actuó en el expediente N° 4991-2010 en su condición de jueza provisional del Primer Juzgado de Trabajo Transitorio, a sabiendas de estar legalmente impedida de hacerlo, lo cual constituye “falta grave”.

Ocaña también le imputa haber vulnerado flagrantemente el deber de motivación de las resoluciones judiciales, lo que también constituiría falta grave por lo que amerita la destitución.

“La jueza Pisfil Salazar ha respaldado legalmente las exigencias del abogado del Clan, grupo que ingresó a Pucalá como presuntos inversionistas y que después intentó perpetuarse en la azucarera a través de cuestionadas y polémicas administraciones judiciales, donde participó Edmundo Gálvez Rodríguez, quien estuvo tras las rejas al haber pedido una coima en el juzgado de paz de Pucalá, donde se ‘filtró’ como practicante de derecho, y como prontuariado está descalificado ” – indicó Ocaña Vargas.

Recordó que hace algunos días, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Pucalá, Carlos Ramírez, había advertido que si la jueza fallaba a favor de Gálvez, se perjudicaría a más de 40 mil trabajadores quienes se verían afectados con el pago de sus remuneraciones.

Ocaña acusa a Edmundo Gálvez Rodríguez, quien fue abogado del Clan, de pretender apropiarse –por fallo de la jueza Pisfil Salazar- de los recursos destinados al pago de las remuneraciones de los trabajadores activos, de la CTS de los jubilados y de la reparación anual de la fábrica.

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