Piura: condenan a seis años de prisión a exalcaldesa de Castilla

A seis años de pena privativa de la libertad efectiva fue condenada a la exalcaldesa del distrito de Castilla en la provincia de Piura, Aura Violeta Ruesta de Herrera, por el delito de colusión agravada, en el proceso judicial denominado “H&B”.

Tras la sentencia se dispuso que se giren las órdenes de ubicación y captura para la exautoridad edil, así como para seis exfuncionarios de la comuna de Castilla, quienes deberán cancelar en conjunto una reparación civil de 300 mil soles a favor del Estado.

Los exfuncionarios condenados también a seis años de pena privativa por el delito de colusión agravado son Javier Salas Samalloa (exgerente municipal), los ex integrantes del Comité Especial de Licitación que adjudicó la obra al consorcio H&B José Castro Pisfil, Jimi Silva Risco y Nilton Ramos Arévalo, así como el entonces asesor legal Pablo Girón Gómez y el exgerente de administración Neptalí Olivares Antón.

Además, la Sala Superior condenó como cómplices secundarios a Luis Alberto Granda Tume (excoordinador de la obra) y Tulio Vignolo Farfán (exsubgerente de Tesorería), a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de tres años bajo ciertas reglas de conducta.

De esta manera los jueces superiores, Daniel Meza Hurtado, Elvira Rentería Agurto y Jorge Ruíz Arias, revocaron la sentencia de primera instancia que condenaba a los procesados por el delito de colusión simple, la misma que imponía una pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución.

Para los jueces superiores, a través de los medios probatorios presentados por el Ministerio Público, quedó demostrado que durante el proceso de licitación de la obra de saneamiento para el sector noroeste de Castilla, hubo un direccionamiento para que el Consorcio H&B gane la licitación, pues se exigieron requisitos mínimos para sacar de lado a otros postulantes, además de haber seguido con el proceso a pesar de que se presentaron documentos falsos.

Del mismo modo, se demostró que existió defraudación económica, porque se dio un adelanto del pago de la obra, cuando esto no estaba contemplado en las bases del proceso de licitación.