El Ministerio Público abrió una investigación en el Fuero Militar Policial tras el presunto suicidio del fiscal Luis Alberto Jara Ramírez, quien fue hallado sin vida dentro de la carceleta del Poder Judicial.
El Ministerio Público abrió una investigación en el Fuero Militar Policial a los agentes responsables en los hechos que resultaron en la muerte de Luis Alberto Jara Ramírez, ex presidente de la Junta Fiscales Superiores de Ucayali.
La 13ra. Fiscalía Militar Policial del Centro solicitó la detención preliminar de los suboficiales PNP Blexides Ricardo Toribio Aguado y Dago Alberto Alexander Tipacti Chasquibol, a quienes se investigará por presuntos delitos de función tipificados en Código Penal Militar Policial.
En vísperas, Jara Ramírez fue hallado sin vida en el interior de la carceleta del Poder Judicial. Fuentes de la Fiscalía indicaron a RPP Noticias que el fiscal superior se habría disparado con un arma de fuego en la zona asignada para el descanso de los policías que custodiaban a los detenidos del Ministerio Público.
Luis Alberto Jara habría permanecido en este lugar porque no había espacio en otros ambientes del edificio. El cadáver del fiscal se encontró en la parte superior de un camarote con grilletes en los pies y presencia de cortes en la muñeca.
"Bajo responsabilidad" de PNP
El Poder Judicial aclaró que el fiscal Luis Alberto Jara Ramírez estaba detenido de manera preliminar en una instalación "bajo responsabilidad" de la Policía Nacional del Perú.
A través de un tweet en su cuenta oficial, señaló que la muerte del Fiscal Superior del Distrito Judicial de Ucayali falleció en circunstancias aún no aclaradas.
"Confiamos que estas circunstancias serán dilucidadas tras la investigación fiscal y policial correspondiente", publicó en la red social.
"Los Patrones de Ucayali"
Luis Alberto Jara Ramírez había sido detenido el 18 de febrero al ser acusado de liderar la organización criminal "Los Patrones de Ucayali".
De acuerdo con las investigaciones, esta organización criminal se encargaba de conseguir y otorgar puestos de trabajo, aprovechando las convocatorias de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público de Ucayali.
Los cobros ilegales se realizaban en función de los cargos a los que se postulaba: para asistente administrativo se debía pagar S/ 5,000; para asistentes de función fiscal, S/ 10,000; para fiscal provincial, S/ 20,000 y para el cargo de fiscal adjunto, la suma de S/ 12,000.
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