Fiscal Superior de Ucayali fue hallado muerto dentro de carceleta del Poder Judicial

El fiscal Superior y presidente de la Junta Fiscales Superiores de Ucayali, Luis Alberto Jara Ramírez, fue hallado sin vida este viernes en el interior de la carceleta del Poder Judicial.

Fuentes de la Fiscalía indicaron a RPP Noticias que el fiscal se habría disparado con un arma de fuego en la zona asignada para el descanso de los policías que custodiaban precisamente a los detenidos del Ministerio Público.

Luis Alberto Jara habría permanecido en este lugar porque no había espacio en otros ambientes del edificio. El cadáver del fiscal se encontró en la parte superior de un camarote con grilletes en los pies y presencia de cortes en la muñeca.

Abren investigación

El Ministerio Público dispuso este viernes abrir investigación en sede fiscal y realizar diversas diligencias para esclarecer la muerte de Luis Alberto Jara.

A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que dirigió el levantamiento del cuerpo del Fiscal Superior de Ucayali en el sótano de la carceleta del Poder Judicial, ubicado en la avenida Abancay.

"Jara Ramírez se encontraba bajo detención preliminar, como parte de una investigación por el presunto delito de corrupción de funcionarios", precisó el documento.

"Bajo responsabilidad" de PNP

El Poder Judicial aclaró que el fiscal Luis Alberto Jara Ramírez estaba detenido de manera preliminar en una instalación "bajo responsabilidad" de la Policía Nacional del Perú.

A través de un tweet en su cuenta oficial, señaló que la muerte del Fiscal Superior del Distrito Judicial de Ucayali falleció en circunstancias aún no aclaradas.

"Confiamos que estas circunstancias serán dilucidadas tras la investigación fiscal y policial correspondiente", publicó en la red social.

"Los Patrones de Ucayali"

Luis Alberto Jara Ramírez había sido detenido el 18 de febrero al ser acusado de liderar la organización criminal "Los Patrones de Ucayali".

De acuerdo con las investigaciones, esta organización criminal se encargaba de conseguir y otorgar puestos de trabajo, aprovechando las convocatorias de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público de Ucayali.

Los cobros ilegales se realizaban en función de los cargos a los que se postulaba: para asistente administrativo se debía pagar S/ 5,000; para asistentes de función fiscal, S/ 10,000; para fiscal provincial, S/ 20,000 y para el cargo de fiscal adjunto, la suma de S/ 12,000.