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Alan García: Todo intento por hacer daño político beneficia al agredido

Así se pronunció el exmandatario tras conocer que jueces del caso BTR dispusieron investigación en su contra. Los ocho sentenciados ya cumplen condena en penales.

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Un día después de la sentencia del caso BTR que puso fin a un proceso judicial de tres años tras el destape de los "Petroaudios", los siete sentenciados fueron recluidos en el penal Castro Castro, entre ellos los principales responsables de los chuponeos el ex almirante Elías Ponce Feijóo y el capitán en retiro Carlos Tomasio, mientras Giselle Giannotti fue trasladada al penal de mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica.

Así se cerró un nuevo capítulo de este caso, pero también trajo el pronunciamiento del expresidente Alan García Pérez, sobre quien el colegiado "A" de la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel dispuso una investigación junto a otros funcionarios de su gestión, como a los exministros apristas Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca.

Como se recuerda, los ocho acusados de interceptación ilegal de las comunicaciones que trabajaban en la empresa Business Track (BTR) alegaron persecución política y supuestas presiones para inculpar por este delito a terceros.

"Sobre el tema BTR declaré ante el Poder Judicial por cuatro horas y públicamente en setiembre y allí señalé que hace más de seis años tuve una breve ocasión de conversar unos minutos con uno de los enjuiciados y sobre temas sin ninguna trascendencia o seguimiento", señaló en un comunicado el exmandatario.

También manifestó que como abogado cree ilógico e injusto impulsar cortinas mediáticas para justificar decisiones judiciales. Pese a ello se somete a cualquier tipo de investigación como parte de las reglas de la democracia y tiene la confianza y paciencia necesaria para esperar sus resultados.

"Pero sé que todo intento por hacer daño político termina siempre beneficiando al agredido", agregó.

Asimismo, el exministro Jorge del Castillo volvió a tildar de "despropósito" esta investigación y recordó que este pedido "exagerado" lo formuló el procurador anticorrupción Julio Arbizu, por ello insistió que "es una cosa que viene del Gobierno" y "tiene una carga política".

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