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Alberto Fujimori no ha pagado ni un sol de su deuda con el Estado

Procurador anticorrupción Julio Arbizu dijo que el expresidente debe al Estado aproximadamente S/.27 millones por concepto de reparación civil.

El expresidente Alberto Fujimori figura entre la larga lista de condenados por corrupción que le deben al Estado mil millones de soles por el impago de reparaciones civiles impuestas por la justicia, de los cuales solo 10 millones han sido cancelados hasta el momento.

"El expresidente Fujimori no ha pagado ni un sol de  su reparación civil por los distintos procesos en los que ha sido condenado", reveló el procurador anticorrupción Julio Arbizu en diálogo con RPP Noticias.

El funcionario indicó que el exmandatario, quien tiene una deuda con el Estado de aproximadamente 27 millones de soles, figura en el novedoso Registro Público de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos de Corrupción.

Precisó que esta base de datos es de acceso público, puesto que se encuentra en la página web del Ministerio de Justicia (Minjus).

El procurador afirmó que en principio, esta iniciativa busca poner en conocimiento de la opinión pública  el dinero que se le debe al Estado, “que es dinero de todos”.

Reconoció que hace falta más para garantizar una suerte de cobranza coactiva. En ese sentido, dijo que los deudores al Estado están siendo ingresados a procedimientos concursales ante el Indecopi, de forma que sean declarados insolventes, que genera el efecto inmediato de la "muerte civil", es decir, que no podrán tener actividad comercial ni financiera y sus bienes pueden ser rematados con mayor facilidad.

Arbizu destacó además la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera al interior de la Procuraduría Anticorrupción, para dar con aquellos procesados que registran sus bienes a nombre de  terceras personas para eludir a la justicia.

También subrayó otras estrategias para lograr el pago de las deudas con el Estado, como son la Ley de Lavado de Activos, la Ley de Pérdida de Dominio y el Decreto Supremo 03-2012 que sujeta a cualquier solicitud de beneficios penitenciarios de condenados por delitos de corrupción al previo pago del íntegro de la reparación civil.

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