"Deberíamos tener la facultad de paralizar la obra inmediatamente, sancionar a la constructora cuando no cumplen lo establecido por la Ley', afirmó el alcalde de Surco.
El alcalde de Santiago de Surco, Juan Manuel del Mar aseguró que no es por falta de fiscalización municipal que se están produciendo irregularidades y accidentes en diferentes edificaciones de la capital.
Al respecto, alertó que la cuestionada Ley 29090 impide legalmente a los concejos paralizar a tiempo obras irregulares y que no se puede fiscalizar permanentemente con personal edil, porque ello implicaría una planilla excesiva que no puede cubrir ninguna comuna.
'Me parece que el ministro (Francis Allison) no recuerda cuando fue alcalde. Lo que hace una persona es presentar un expediente y con ello, de manera inmediata, obtiene su licencia automática; lo que significa que los Comités Calificadores del Colegio de Arquitectos, así como de Ingenieros, no tienen la obligación de revisar esos expedientes y, entonces lo tienen que hacer las municipalidades', indicó a un medio local.
Del Mar mencionó que bastaría con la tasa cobrada por licencia de obra para solventar un equipo fiscalizador.
'En Surco, de enero a la fecha, se han dado más de 400 licencias automáticas, al no ser revisadas por los Comités Técnicos Calificadores estos tienen que ser revisados por personal edil, la municipalidad tiene entonces que invertir en profesionales que no son remunerados por el constructor; ergo lo paga la comuna, lo cual genera un costo de no menos de 50 mil soles mensuales en personal, ¿y quién paga esos salarios, el ministro (Allison)?', cuestionó el alcalde.
'El otro problema es que mientras se revisan las licencias automáticas sucede lo que ha pasado en su distrito, donde tres edificaciones han colapsado al no haber sido previamente revisadas por los comités calificadores', agregó Del Mar.
'La Ley 29090 es automática para construir, mas no lo es para paralizar una obra que pudiese poner en riesgo la integridad de las personas, comenzando por los trabajadores de la misma. Deberíamos tener la facultad de paralizar la obra inmediatamente, así como poder sancionar drásticamente a la constructora y al Ingeniero residente cuando no cumplen lo establecido por la ley, que es lo que ha sucedido en las dos obras en Las Casuarinas', acotó.
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