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Aplicación de "silla vacía" divide opiniones de juristas y congresistas

Andina
Andina

Gerardo Távara, de la Asociación Civil Transparencia, dijo que en Colombia se aplica la "silla vacía" desde que un juez dicta orden de captura contra un parlamentario, sea por sus vínculos con el terrorismo, nexos con grupos armados, o delito de lesa humanidad.

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Los proyectos de ley que proponen aplicar la figura de la "silla vacía" para sancionar al congresista y al partido que lo postuló por sus vínculos con el narcotráfico, dividió este martes opiniones de legisladores y juristas en la Comisión de Constitución del Parlamento.

A favor  de la propuesta se mostró Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, quien propuso mirar el ejemplo de Colombia, donde la "silla vacía" se aplica desde 2009 como medida preventiva en defensa de la democracia.

Puede ser, dijo, una forma de adelantarse a lo que “se presentó con mayor crudeza en las pasadas elecciones regionales y municipales”, proceso en el que hubo numerosos casos de candidatos vinculados al tráfico ilícito de drogas.

Señaló que en Colombia se aplica la "silla vacía" desde que un juez dicta orden de captura contra un parlamentario, sea por sus vínculos con el terrorismo, nexos con grupos armados, o delito de lesa humanidad.

Según dijo, con esa medida, en el período 2010-2014 se sancionó a siete parlamentarios (cuatro senadores y tres miembros de la Cámara de Representantes), cuyas curules permanecen actualmente vacías.

Para prevenir infiltraciones, Távara propuso desechar la hoja de vida y establecer una ventanilla única en la que figure todos los antecedentes o informaciones judiciales, penales, policiales, tributarias, administrativas, etc., de los candidatos.

A modo de ejemplo, citó la legislación chilena donde un sentenciado por cualquier delito no puede postular jamás a un cargo público.

También recordó los casos de personas rehabilitadas que no pueden postular a un cargo judicial, y de terroristas sentenciados que están prohibidos de ejercer la docencia, pero en ambos casos nada les impide postular para alcalde o presidente regional.

Por su parte, el ex titular del Tribunal Constitucional (TC), César Landa, indicó que los derechos de las personas no son absolutos, y pueden ser limitados en forma razonable y proporcional, por lo que se preguntó si era correcto trasladar una sentencia penal que recae en una persona a toda la organización que lo postuló.

Consideró que el Estado debe luchar contra el narcotráfico, pero en el caso de la "silla vacía" sugirió analizar el costo-beneficio, y establecer medidas menos gravosas.

Rosa Mavila (AP-FA) coincidió con Landa y se preguntó si resultaba legítimo que una circunscripción se quedara sin representante por efecto de la referida medida.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE LOS LEGISLADORES?

Por su parte, el parlamentario Javier Velásquez (CP) se preguntó si era correcto sancionar al partido por la culpa de uno de sus militantes, ya que, en su opinión, eso significaría sancionar a toda la militancia por el error de la dirigencia en la selección de los candidatos.

El predictamen elaborado sobre la base de tres iniciativas legislativas presentadas por la congresista Lourdes Alcorta, propone declarar la vacancia de los congresistas a los que se les pruebe fehacientemente haber recibido dinero proveniente del narcotráfico para sus campañas electorales, y cancelar la inscripción del partido político que lo propuso como candidato.

Las propuestas están orientadas a prevenir y sancionar drásticamente la infiltración del narcotráfico en las organizaciones políticas de todos los niveles de gobierno, sea nacional, regional o local, para cuyo efecto propone modificar la Ley Orgánica de Elecciones, el Reglamento del Congreso de la República y las leyes orgánicas de Gobiernos Regionales y de Municipalidades.

También plantea prohibir a los partidos, movimientos regionales y organizaciones políticas de alcance provincial y distrital recibir contribuciones de organizaciones delictivas o personas dedicadas a actividades ilícitas como el narcotráfico.

De igual forma, sugiere disponer que el partido o alianza cuyo representante en el Congreso tenga condena judicial firme vinculada a los delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, perderá el escaño por el resto del período parlamentario.

En ese caso no procederá el reemplazo del congresista por el accesitario, produciéndose en dicho supuesto la pérdida del escaño del partido o alianza de partidos.

De esta forma se busca introducir en el ordenamiento jurídico peruano la figura de la "silla vacía" o escaño vacío, buscando responsabilizar al partido político por no haber establecido los filtros necesarios para sus listas no sean penetradas por la ilegalidad.

Andina

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