Para la defensa de Belaunde, el hecho de que se pretenda presentar documentación con elementos falsos les hace pensar que esto no es un mero trámite de extradición común, sino una persecución política.
La defensa del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente de ese país, Ollanta Humala, denunció este jueves que la solicitud de extradición enviada por las autoridades judiciales de Perú a Bolivia contiene "datos falsos".
El abogado de Belaunde, el boliviano Jorge Valda, presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en la ciudad sureña de Sucre, la respuesta al pedido de extradición del empresario, indicando que el documento "contiene datos falsos" e "información que no condice con la realidad".
En declaraciones a los medios en Sucre, indicó que también se decidió presentar una demanda ante la Fiscalía boliviana para que investigue la falsedad de esa solicitud.
Según Valda, el pedido de extradición incluye transcripciones de la ley boliviana anticorrupción en las que, supuestamente, se permite juzgar a privados por delitos "que únicamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos".
"Este hecho nos lleva y nos conduce a sostener que de una forma abusiva, arbitraria, la Corte Suprema de Perú ha utilizado información fraguada intentando hacer creer que es parte de la legislación boliviana para aprobar una demanda de extradición", sostuvo Valda.
A su juicio, el hecho de que se pretenda presentar documentación con "elementos falsos" les hace pensar que "esto no es un mero trámite de extradición común, sino es una persecución política traducida en una persecución judicial".
Agregó que tanto la respuesta al TSJ boliviano como la denuncia ante la Fiscalía van acompañadas de copias oficiales de la ley anticorrupción para demostrar que la misma "no contempla la participación de particulares en delitos de peculado".
Martín Belaunde, quien fue asesor de Humala en la campaña electoral de 2006, está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales.
El empresario peruano, que guarda detención domiciliaria en La Paz, solicitó refugio en Bolivia, pero la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó dos veces esta petición con el argumento de que no probó ser un perseguido político.
Los vocales de un tribunal en La Paz anularon las resoluciones de la Conare, si bien revocaron aquella decisión después de que el Gobierno de Bolivia anunciara el inicio de una demanda en su contra al considerar que habían tomado una decisión contraria a las leyes.
La nueva resolución indica que la decisión de amparo constitucional debe ser cumplida solo una vez que sea sometida a una revisión del Tribunal Constitucional (TC)
No obstante, la defensa de Belaunde ha asegurado que no es correcta la interpretación del Gobierno de la nueva resolución porque no se suspendería el beneficio dado al empresario mientras se espera que el TC se pronuncie sobre el caso.
Valda ratificó hoy que Belaunde "continúa bajo la protección de la Conare", por lo que "no puede ser expulsado, no puede ser detenido" en tanto exista un trámite pendiente de extradición.
EFE
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