Congreso pedirá información sobre espionaje contra embajador Allan Wagner

La subcomisión del Congreso que realiza el seguimiento a la demanda del Perú contra Chile ante la Corte de la Haya por los límites marítimos, solicitará al Ministerio Público información sobre el espionaje realizado a las comunicaciones del embajador Allan Wagner, agente del Estado peruano ante el citado tribunal internacional.

El integrante de este grupo parlamentario, Yonhy Lescano, informó que planteará formalmente la solicitud para conocer a detalle este tema por tratarse de un asunto de "extremo cuidado".

Según la Fiscalía, entre los personalidades cuyas comunicaciones telefónicas y por correo electrónico fueron espiadas ilegalmente por la empresa Business Track, se encuentra el embajador Allan Wagner Tizón, quien fue designado por el Gobierno para defender ante La Haya los intereses del Perú en el caso de la delimitación marítima con Chile.

Al respecto, Lescano consideró "muy grave" que las comunicaciones de un diplomático con un encargo tan importante hayan sido violentadas por lo que invocó al Ministerio Público determinar si la información fue traficada por los integrantes de la citada empresa.

Lescano dijo que en caso llegara a comprobarse que cualquier información sobre este tema se negoció ilegalmente a la parte contraria, se trataría de un caso de traición a la patria, que deberá sancionarse de acuerdo a ley.

"Se habrían involucrado en actos reservados del Estado peruano, ni siquiera del gobierno, y por ello hay que investigar si es que esta información la han estado negociando porque eso sería muchísimo más grave y la investigación tendría que ampliarse", dijo en declaraciones a la Agencia Andina.
 

La policía detuvo recientemente a los integrantes de la empresa Business Track, marinos en actividad y en retiro, quienes se dedicaban a realizar por encargo labores de espionaje de las comunicaciones de políticos, empresarios, periodistas, entre otros.


Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público han establecido que la empresa llegaba a cobrar hasta 10  mil dólares al mejor postor por realizar su ilegal labor.