Contraloría destaca ley de control concurrente y pide sanciones para responsables por obras paralizadas

Nelson Shack, titular de la Contraloría General de la República, consideró que la ley de control concurrente, recientemente aprobada por insistencia en el Parlamento, contribuirá en mejorar la gestión de los proyectos e intervenciones públicas en los tres niveles de Gobierno: nacional, regional y local, a fin de que se pueda alcanzar los objetivos trazados para las obras.

Mediante un pronunciamiento compartido por Contraloría, Shack destacó la decisión del Congreso e indicó que con el control concurrente, se puede acompañar de forma simultánea, preventiva, multidisciplinaria, oportuna y célere al gestor público durante los distintos momentos clave de la contratación y ejecución de un bien, servicio u obra pública.

En esa línea, señaló que con este tipo de control, el órgano que representa podrá alertar de forma oportuna los riesgos y situaciones adversas identificadas durante el servicio de control y compromete a los gestores públicos a que adopten las medidas correctivas inmediatas.

Añadió que esto no significa que se tomen decisiones por el funcionario, sino que se le orienta “a que haga bien su trabajo”, a fin de que se evite incurrir en irregularidades, las cuales afectan o perjudican la finalidad de la intervención pública, y que terminen generando perjuicios al Estado y responsabilidades administrativas, civiles y penales.

La autógrafa de ley de control concurrente, que permitirá a Contraloría supervisar expedientes técnicos, perfiles y declaratorias de viabilidad de obras públicas e inversiones, fue firmada por la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, el pasado 15 de noviembre, luego de que el Pleno la aprobara por insistencia.

Obras paralizadas y pedido de sanciones para responsables

Se refirió también a un informe del INEI, sobre la gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones públicas en 2020, el cual muestra que el nivel más bajo de confianza ciudadana está en los gobiernos regionales con 10.7%, las municipalidades provinciales con 14% los municipios distritales con 14.8%.

Señaló, al respecto, que precisamente sobre estas instituciones Contraloría detecta y recibe los mayores reclamos por obras mal diseñadas, inconclusas y hasta abandonadas, que finalmente no cumplen los objetivos para los que fueron impulsados y que, como consecuencia, no terminan de resolver las necesidades de la gente.

Sobre dicha problemática el contralor informó a fines de octubre, que existen alrededor de 2 500 obras paralizadas a nivel nacional, las cuales representan un problema económico y social, por la frustración que produce a la ciudadanía, que no entiende cómo el Estado gasta dinero en obras mal hechas o que terminan paralizadas.

Ante esta situación, Shack exhortó a las autoridades competentes a identificar a los responsables de estas malas prácticas que generan cuantiosas pérdidas al Estado y se aplique las sanciones correspondientes. Sostuvo también que Contraloría expone los hechos y recomienda sanciones para cada caso.

“El control y fiscalización de la Contraloría expone los hechos y recomienda sanciones administrativas, civiles y penales que deben asumir los responsables de aquello que llamamos ‘inconducta funcional’ que, al igual que la corrupción lamentablemente, provoca tremendos perjuicios a la nación”, sostuvo.

Entre las obras identificadas por las acciones de control mencionan a proyectos en Nazca, Huancavelica, Iquitos y Huancavelica, donde se invirtieron miles de millones de soles, pero que ahora están paralizadas y no permiten resolver las necesidades de la población en esas zonas.

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