El proyecto, entregado al Congreso de la República, contempla la suspensión temporal del funcionarios sin goce de remuneración hasta la destitución o el despido.
La iniciativa que se aplica sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales.
Contempla además sanciones drásticas que van desde la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de remuneración, hasta la destitución o el despido.
Comprende además la imposición de multas, así como la inhabilitación para prestar servicios para el Estado, cualquiera que sea el régimen laboral al que pertenezca, hasta por un plazo de cinco años.
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