El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Diego García Sayán, sostuvo hoy que los Estados siempre han tenido la oportunidad para tratar de impugnar las medidas de reparación dictadas por este organismo, y que consideran injustas.

Sin referirse específicamente a casos en los que en el pasado se ha ordenado al Perú pagar reparaciones, señaló que muchas veces la defensa de los Estados no presta la debida importancia a esos temas, hasta que finalmente se determinan su pago.

"Hay una larga oportunidad procesal que tiene el Estado para presentar sus pruebas u oponerse a las medidas de reparación solicitadas. Lo que ha pasado es que las representaciones de los Estados no le han dado mucha importancia a la defensa adecuada y no me refiero al Perú, sino me refiero a varios países", declaró a la Agencia Andina.

Consideró, en ese sentido, que ese descuido "es parte del proceso de aprendizaje" de los Estados, de no haber visto la complejidad de estos procesos y de la seriedad de un tribunal que "sí se da cuenta de un hecho violatorio y saca la conclusión jurídica que tiene que sacar".

García Sayán señaló, en ese sentido, que toda sentencia y orden de reparación emitida por la Corte IDH está debidamente fundamentada en casos en que se transgreden los derechos humanos, más allá de si se trata de una persona que también es culpable de delitos.

"No importa que la víctima tenga tal pasado penal o de otra naturaleza, lo que interesa en el proceso es que si se demostró violaciones a los derechos humanos", argumentó.

Señaló por ello que "no se trata de decir si la Corte es buena, mala o regular. El asunto es ver con por qué llegamos a ese punto. Tampoco se trata de sensibilidad, los magistrados actúan en base a lo que se presenta el expediente."

Consideró necesario analizar los hechos que ponen a un país en el banquillo de los acusados; pues señaló que no se puede decir a la ligera que la Corte IDH otorga indemnizaciones a los terroristas sin antes analizar el contenido de esas sentencias.

En el caso de la terrorista Lori Berenson, aclaró que ese organismo no ordenó una indemnización a favor de ella, sino dirigida a sus padres, ya que al haberse ordenado un nuevo juicio, el Estado como parte demanda tuvo que asumir parte de los gastos de la parte demandante.

García Sayán aseveró que el otorgamiento de indemnizaciones a personas afectadas en sus derechos es una práctica amparada por los tratados internacionales de DDHH y que aplican los tribunales supranacionales del mundo.

Finalmente, aclaró que durante su gestión como ministro de Justicia, en el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001) se indultaron 142 personas condenadas injustamente por terrorismo.

Explicó que ya en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) se desempeñó como titular de la cartera de Relaciones Exteriores, y no tuvo participación en temas del sector justicia.

Andina