El defensor del Pueblo en funciones dijo que el mandato de detención ha seguido su curso regular y fue emitido por un juez de Puno y la Policía, al enterarse de la presencia del dirigente en Lima.
El defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, manifestó hoy que la orden de detención emitida contra el dirigente aymara Walter Aduviri ha seguido un curso regular, por lo que no existe ningún abuso de autoridad.
Indicó que según ha podido constatar la Defensoría, la orden fue emitida por un juez de Puno y la Policía, al enterarse de la presencia del dirigente en Lima, procedió a detenerlo.
“Estamos ante un procedimiento regular, no hay ningún abuso de autoridad, no estamos ante esa situación; lo que efectivamente estamos pidiendo es que se siga con todo el trámite, y que sea un juez el que tome la decisión definitiva.”
Vega aclaró que la orden no es para detener definitivamente a Aduviri, sino para que vaya a declarar ante el juez, y una vez cumplido este trámite se decida su situación judicial.
“Lo que hemos verificado esta mañana es que hay una orden de detención, pero para que sea puesto a disposición de la autoridad, a fin de que rinda su declaración. Después de esa declaración, la autoridad tendrá que tomar una decisión definitiva.”
Además señaló que la Defensoría evalúa la posibilidad de que el juez de Puno envíe un exhorto al juez de turno de Lima, para que la declaración se le tome aquí, y tener que esperar a que la envíen a Puno, y con base en ello tomar una decisión.
El dirigente aymara, quien se encuentra en la sede de un canal de televisión en Lima, para evitar ser detenido por la Policía, advirtió sobre los enfrentamientos que se originarían en Puno si es detenido.
Como presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Zona Sur de la Región Puno, el dirigente aymara encabezó las recientes protestas antimineras en Puno, con bloqueo de carreteras y quema de locales públicos como la Contraloría.
El defensor brindó declaraciones luego de la presentación del informe de supervisión de los portales de transparencia de los gobiernos locales y regionales, correspondientes a 2010 y al primer trimestre de 2011.// Andina
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