Defensoría pide al Ejecutivo evaluar idoneidad de Luis Barranzuela como ministro del Interior

La Defensoría del Pueblo emitió este martes un pronunciamiento sobre la situación del ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien habría realizado una fiesta el último domingo en su vivienda, pese a las restricciones de este tipo de eventos impulsadas por el sector que él mismo dirige.

En el documento, el órgano constitucional sostiene que por mandato de la Carta Magna corresponde al Ejecutivo asegurar a la ciudadanía una administración pública eficiente y garante de los derechos humanos.

Con ese fin, señalaron que es imprescindible que los funcionarios públicos, en especial los que pertenezcan a los más altos cargos estatales, muestren idoneidad para su ejercicio, por lo cual han presentado un proyecto de ley ante el Parlamento. En ese sentido, instaron al Ejecutivo a evaluar la continuidad del ministro del Interior.

“Las/os ministras/os de Estado deben encarnar las políticas públicas que el Estado desarrolla, por lo que es inaceptable que su conducta sea incompatible con estas. En estas circunstancias corresponde al presidente de la República y a la presidenta del Consejo de Ministros retirar al funcionario de su cargo”, sostuvieron.

Sobre reunión en casa del ministro

En esa línea, se refirieron a la presunta reunión social que el ministro Luis Barranzuela habría realizado y dijeron que si se comprueba su participación, haría insostenible su permanencia en el cargo. Agregaron que hasta el momento las explicaciones del ministro al respecto son insuficientes e injustificadas.

“El citado funcionario y los demás asistentes a la reunión del 31 de octubre habrían infringido la medida impuesta por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Cabe indicar que, sumado a ello, tal conducta también puede conllevar responsabilidad penal, dado que el artículo 292 del Código Penal sanciona a quienes violan las medidas impuestas por la autoridad para evitar la propagación de epidemias”, señalaron.

Además, indicaron que en esa reunión se habría dado un conflicto de intereses, pues participaron los abogados de Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón, quienes son investigados por Fiscalía.

“Tal hecho reviste gravedad pues el ministro del Interior tiene bajo su dirección a la Policía Nacional del Perú, institución encargada de la investigación de los actos ilícitos que habrían cometido los citados ciudadanos. Debe tenerse presente que la reunión del ministro con dichos abogados, fuera del registro de actividades oficiales, representa un riesgo para la objetividad de las investigaciones policiales”.

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