La defensora del Pueblo recomendó al Estado incrementar el presupuesto de la Cancillería para la ayuda humanitaria de más de 3 millones de peruanos en el exterior.
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino,
recomendó hoy al Estado peruano fortalecer sus programas de
asistencia legal e incrementar el presupuesto de la cancillería para
la ayuda humanitaria de más de tres millones de peruanos en el
extranjero.
Merino presentó hoy el informe de la Defensoría del Pueblo "Migraciones y Derechos Humanos" sobre la supervisión de las políticas de protección de los derechos de los emigrantes peruanos que se brinda en 17 consulados de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, España, Japón, Italia y Venezuela.
La Defensoría visitó los consulados peruanos en esos países y solicitó la información sobre los trámites consulares para conocer el tratamiento que reciben los emigrantes en esas oficinas.
Merino explicó en rueda de prensa que los peruanos residentes en el extranjero atraviesan una serie de dificultades que empiezan desde su salida misma del país, cuando muchos de ellos se exponen a las redes de tráfico ilícito de personas.
Otros de los problemas que afrontan los emigrantes son, por ejemplo, el trabajar sin acceso a la seguridad social, los prejuicios y comportamientos xenófobos contra ellos en los países de destino.
La defensora explicó que más del 55 por ciento de peruanos viven en situación migratoria ilegal, mientras que solo el 45 por ciento tenían un estatus regular, según cifras oficiales de 2005.
En tal sentido, exhortó al Estado peruano a ampliar los alcances de la vigente ley de incentivos migratorios para las personas que tienen una especial necesidad y urgencia en el retorno, como en el caso de expulsión, y de las víctimas de trata de personas.
Por esa ley, los emigrantes peruanos tienen incentivos tributarios y aduaneros para regresar a su país y dedicarse a actividades profesionales o empresariales.
Asimismo, Merino recomendó la ratificación de los convenios internacionales de protección de los trabajadores migrantes, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, e incrementar el presupuesto de la cancillería destinado para la ayuda humanitaria de los peruanos en el extranjero.
La defensora adjunta para casos de derechos humanos, Giuliana Vignolo, autora del informe, explicó que el presupuesto de los consulados peruanos para el programa de asistencia legal y humanitaria asciende a 1.200 dólares mensuales, en el mejor de los casos, en ciudades como Buenos Aires, Miami o Madrid.
Sin embargo, ese monto es insuficiente si los emigrantes desean que el consulado les ayude en la repatriación de un familiar fallecido en el extranjero, que algunas veces, triplica ese monto, agregó Vignolo.
Los emigrantes peruanos están concentrados principalmente en Estados Unidos (donde hay un 30 por ciento del total), España, Italia, Japón, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Esos emigrantes aportaron 2.200 millones de dólares en remesas en 2007, lo que representó el 2,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año y un 8 por ciento de las exportaciones nacionales, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Nestor Popolizio, comentó en la presentación que la cancillería trabaja con los principales países receptores de emigrantes peruanos para alcanzar acuerdos consulares con vistas a una posible amnistía migratoria y también para lograr una flexibilización de la directiva del retorno voluntario aprobada por la Unión Europea.EFE
Merino presentó hoy el informe de la Defensoría del Pueblo "Migraciones y Derechos Humanos" sobre la supervisión de las políticas de protección de los derechos de los emigrantes peruanos que se brinda en 17 consulados de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, España, Japón, Italia y Venezuela.
La Defensoría visitó los consulados peruanos en esos países y solicitó la información sobre los trámites consulares para conocer el tratamiento que reciben los emigrantes en esas oficinas.
Merino explicó en rueda de prensa que los peruanos residentes en el extranjero atraviesan una serie de dificultades que empiezan desde su salida misma del país, cuando muchos de ellos se exponen a las redes de tráfico ilícito de personas.
Otros de los problemas que afrontan los emigrantes son, por ejemplo, el trabajar sin acceso a la seguridad social, los prejuicios y comportamientos xenófobos contra ellos en los países de destino.
La defensora explicó que más del 55 por ciento de peruanos viven en situación migratoria ilegal, mientras que solo el 45 por ciento tenían un estatus regular, según cifras oficiales de 2005.
En tal sentido, exhortó al Estado peruano a ampliar los alcances de la vigente ley de incentivos migratorios para las personas que tienen una especial necesidad y urgencia en el retorno, como en el caso de expulsión, y de las víctimas de trata de personas.
Por esa ley, los emigrantes peruanos tienen incentivos tributarios y aduaneros para regresar a su país y dedicarse a actividades profesionales o empresariales.
Asimismo, Merino recomendó la ratificación de los convenios internacionales de protección de los trabajadores migrantes, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, e incrementar el presupuesto de la cancillería destinado para la ayuda humanitaria de los peruanos en el extranjero.
La defensora adjunta para casos de derechos humanos, Giuliana Vignolo, autora del informe, explicó que el presupuesto de los consulados peruanos para el programa de asistencia legal y humanitaria asciende a 1.200 dólares mensuales, en el mejor de los casos, en ciudades como Buenos Aires, Miami o Madrid.
Sin embargo, ese monto es insuficiente si los emigrantes desean que el consulado les ayude en la repatriación de un familiar fallecido en el extranjero, que algunas veces, triplica ese monto, agregó Vignolo.
Los emigrantes peruanos están concentrados principalmente en Estados Unidos (donde hay un 30 por ciento del total), España, Italia, Japón, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Esos emigrantes aportaron 2.200 millones de dólares en remesas en 2007, lo que representó el 2,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año y un 8 por ciento de las exportaciones nacionales, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Nestor Popolizio, comentó en la presentación que la cancillería trabaja con los principales países receptores de emigrantes peruanos para alcanzar acuerdos consulares con vistas a una posible amnistía migratoria y también para lograr una flexibilización de la directiva del retorno voluntario aprobada por la Unión Europea.EFE
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