El Tribunal Constitucional entre el Ejecutivo y el Congreso [COLUMNA]

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Pedro Olaechea presentó finalmente una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional, lo que equivale a impugnar que el Ejecutivo haya presentado una cuestión de confianza cuya “negativa fáctica” llevó a la disolución del Congreso. Los jueces constitucionales tendrán que pronunciarse sobre el fondo, pero previamente deberán decidir si admiten la diligencia. Algunos cuestionan que la diligencia sea admisible porque ha sido presentada por Olaechea como Presidente del Congreso, cargo que ya no ejerce. Paralelamente las congresistas fujimoristas Karina Beteta y Rosa Bartra han viajado a Italia para asistir a la sesión de la Comisión de Venecia, que fue consultada sobre un tema que ya no tiene pertinencia: si el Ejecutivo tenía derecho a plantear una cuestión de confianza por un proyecto de ley que ya quedó archivado, el adelanto de las elecciones generales.

Mientras tanto el presidente Martín Vizcarra participó junto a su homólogo chileno en la tercera reunión del gabinete binacional Perú-Chile que se realizó en Paracas. Ambos mandatarios celebraron el buen estado de las relaciones en materia de seguridad, comercio, políticas sociales y aplicación del fallo de La Haya. Vizcarra y Piñera reiteraron su respaldo al presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien ha denunciado una tentativa de golpe de Estado promovida por el expresidente Rafael Correa, el régimen de Nicolás Maduro y guerrillas disidentes de las FARC.

Ayer se pronunció en San Francisco el juez federal que ve el proceso de extradición de Alejandro Toledo. El abogado del expresidente peruano ha sostenido que el régimen de aislamiento está perturbando su salud mental. El juez de la causa ha anunciado que Toledo sería sometido a “prisión domiciliaria” si la autoridad penitenciaria no propone una cárcel en la que pueda convivir en seguridad con otros detenidos. Se espera que la Justicia se pronuncie el próximo año sobre el fondo del caso, es decir si Toledo debe ser extraditado o no al Perú, para responder a las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Otro tema judicial de relevancia pública concierne a la Universidad Garcilaso de la Vega, a la que la Sunedu ha negado el licenciamiento. La Sunedu considera que la Garcilaso, universidad privada fundada en 1964, no ha respetado reglas básicas relativas a la gestión, la transparencia financiera, los requisitos curriculares y la infraestructura. La Garcilaso dispone ahora de dos años para concluir sus actividades pero ya no tiene derecho a admitir nuevos estudiantes. Sin embargo, un juez de Bagua ha concedido una medida cautelar a la universidad sancionada. Al parecer, se escogió Bagua por ser lugar de residencia de uno de los 16000 estudiantes. Lo que sí es sospechoso es que se trate de un juez, Alberto Cohen, que se halla sometido a investigación fiscal por un grave caso de apropiación de 500 millones de soles de cobros coactivos. Como se sabe, el titular de la Sunedu, Martín Benavides, considera que universidades como Garcilaso y Telesup abusan de la confianza de sus estudiantes y son usadas para blanquear dinero y financiar campañas electorales.

Y porque estamos en víspera del fin de semana, vale la pena comentar una película que está batiendo récords de asistencia en el Perú, Estados Unidos y otras regiones del mundo. Se trata de una historia originada en la historieta de Batman, pero en este caso se trata del rival de ese héroe, el Guasón, quien protagoniza una historia de rara violencia. Niño adoptado, abusado y enloquecido, el Guasón es un payaso que encarna el odio a los políticos corruptos y abusivos de la Ciudad Gótica. Los especialistas elogian la actuación extraordinaria de Joaquín Phoenix. El público se identifica con el sufrimiento extremo de un enfermo mental cuya patología sintoniza con el malestar social de una sociedad con brotes insurreccionales. Felizmente que todo es pura ficción.

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