Las dudas respecto a la disolución perturban la serenidad necesaria en período de elecciones. El Tribunal Constitucional debe pronunciarse cuanto antes sobre los dos recursos presentados por Pedro Olaechea.
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La semana que comienza se anuncia rica en decisiones que pueden contribuir a generar la serenidad requerida para todo proceso electoral. Por lo pronto, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de competencias presentada por Pedro Olaechea, así como sobre la medida cautelar solicitada para suspender la disolución del Congreso. Sobre esta doble gestión se ha pronunciado el presidente Vizcarra, objetando que Olaechea haya utilizado el título de presidente del Congreso, que ya no ejerce. La Procuraduría ha dado curso a la queja presidencial al presentar una denuncia contra la acción de Olaechea. Lo peor que puede sucedernos es que el Tribunal Constitucional evite o dilate su respuesta, en un sentido u otro, lo que haría planear sobre las elecciones la sombra de la incertidumbre. La máxima autoridad en materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya fijó el cronograma y definió parte de las reglas que se aplicarán en estas elecciones congresales. De hecho, la mayoría de los partidos ya anunció que participarán en ellas.
Pero, al margen de los argumentos jurídicos, los sondeos muestran consistentemente que una gran mayoría de la población aprueba la disolución y la considera constitucional. Por cierto que una gran mayoría puede equivocarse, pero también sería equivocado negar la voluntad ciudadana de resolver el conflicto de competencias en las urnas. De hecho, para eso, el artículo 134 de la Constitución obliga a que el mismo decreto que oficializa la disolución convoque a elecciones en un plazo no mayor a cuatro meses. La encuesta de IPSOS publicada ayer revela que 85% de los encuestados está de acuerdo con la disolución y que 79% respalda la gestión del presidente Vizcarra.
Respaldo al gabinete
Entre las novedades de la encuesta de IPSOS destaca la alta aprobación de la flamante ministra de Economía, María Antonieta Alva, quien alcanza el 55%, seguida por el ministro del Interior con 52%. La tasa de Alva es tanto más sorprendente que los ministros de Economía suelen ser percibidos como tecnócratas fríos que velan más por las cifras macroeconómicas que por la vida real de las personas. Con previsiones de crecimiento a la baja y varios proyectos paralizados, la ministra tendrá que dar pruebas de dinamismo y determinación para evitar que los eventuales logros institucionales del gobierno se estrellen con la dura realidad del desempleo, la pobreza y la informalidad.
Entre los proyectos amenazados figura una vez más el de Las Bambas, en Apurímac. El ministro de Transportes, Edmer Trujillo, ha recordado que en realidad lo amenazado es el corredor minero de 324 kilómetros que conecta sitios mineros en regiones andinas del Centro y Sur de nuestro país. Trujillo ha reiterado que es inaceptable que se bloqueen vías públicas.
Nobel de Economía
Y porque hablamos de economía, corresponde enfatizar la buena noticia que significa la atribución del premio Nobel en esta materia a tres economistas. Uno de origen indio, una de origen francés y otro estadounidense. El tema de estos tres economistas: la lucha contra la pobreza y, en particular, el impacto de las políticas educativas y sanitarias para reducirla. Entre los laureados de este año figura una mujer. Es la segunda vez en la historia del Nobel de Economía que hay una mujer, la francesa Esther Dufflo. A sus 46 años, se convierte en la más joven laureada en el premio Nobel de Economía.
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