por Redacción RPP
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La Contraloría advirtió que la falta de cobro de multas electorales impuestas entre 2018 y 2020 generó un perjuicio económico al Estado por más de S/ 130 mil y emitió recomendaciones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para corregir estas deficiencias.
Por Karina Valencia y Paloma Verano
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la falta de cobro de multas electorales impuestas en procesos realizados entre los años 2018 y 2020 generó un perjuicio económico al Estado por más de S/130 mil. Las sanciones no fueron cobradas oportunamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que permitiró que estas prescribieran.
De acuerdo al Informe de Auditoría N° 020-2025-2-0280-AC, de diciembre del 2025, al que obtuvo acceso El Poder en tus Manos de RPP, las multas recaían sobre ciudadanos de Lima que no acudieron a votar y sobre quienes no cumplieron con su función como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, el referéndum nacional de ese mismo año y las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
¿Qué identificó el organismo de control?
La Contraloría advirtió que tres funcionarios del JNE no iniciaron el cobro de las multas en una primera etapa administrativa, ni cuando correspondía aplicas mecanismos de cobranza coactiva, lo que permitió que las sanciones prescriban, es decir, que ya no puedan cobrarse.
Según el órgano de control, esta omisión afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, generando un perjuicio económico al estado por S/ 130,050,00.
Del total observado, S/ 80,338 corresponden a 262 expedientes que permanecieron en etapa de cobranza ordinaria sin que se emitiera oportunamente la constancia de firmeza ni se derivaran los casos al Ejecutor Coactivo.
El monto restante, de S/ 49 712, está vinculado a 189 expedientes en etapa coactiva en los que, pese a haberse emitido y notificado la resolución de ejecución coactiva, no se adoptaron medidas de coerción ni otras acciones orientadas a la cobranza forzada dentro del plazo legal.
"La situación expuesta se produjo debido a que los servidores responsables de la gestión de cobranza ordinaria y coactiva omitieron ejecutar las acciones previstas en la normativa para asegurar la exigibilidad y recuperación de las multas electorales, tales como emitir oportunamente las constancias de firmeza, derivas las resoluciones impagas el Ejecutor Coactivo dentro del plazo legal y adoptar las medias de coerción necesarias para impulsar el procedimiento de ejecución forzosa", se señala en el documento.
Conclusiones sobre el caso
En su informe, la Contraloría concluyó que los funcionarios responsables de la gestión de cobranza de multas electorales no actuaron de manera oportuna ni diligente en las etapas de cobranza ordinaria y de ejecución coactiva.
Según el organismo de control, la Oficina de Cobranza y el órgano de ejecución coactiva del JNE incumplieron los deberes establecidos en la normativa vigente, lo que afectó principios como la legalidad, el debido procedimiento y la razonabilidad, además de la obligación de cobrar las multas electorales dentro de los plazos legales.
"La Oficina de Cobranza viene emitiendo resoluciones de multa electoral sustentadas en normativa que no corresponde al proceso electoral aplicable [....], situación que evidencia la ausencia de mecanismos de revisión y control respecto del marco normativo vigente para la gestión ordinaria. Esta situación revela una deficiencia en la documentación, actualización y validación de los procesos internos, lo cual genera el riesgo de afectar la legalidad de los actos administrativos emitidos en el procedimiento sancionador y de cobranza de multas electorales", se lee en el informe.
Recomendaciones de la Contraloría
Ante estos hechos, la Contraloría recomendó al JNE implementar un modelo integral para mejorar el cobro de multas electorales, que permita articular las distintas etapas del proceso. Asimismo, dispuso que la Oficina de Cobranza implemente un procedimiento formal de seguimiento y control de las constancias que determinan el estado de las multas.
Además, el organismo de control recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar acciones civiles contra los servidores comprendidos en los hechos observados en el Informe de Auditoría, con la finalidad de que se determinen las responsabilidades que correspondan.
Consultado por El Poder en tus Manos, el Jurado Nacional de Elecciones informó que la actual gestión ya inició acciones administrativas para implementar las recomendaciones de la Contraloría, como gestionar la aprobación de una directiva para establecer un modelo integral de cobro de multas electorales, y la implementación de procedimientos de seguimiento y control de las multas.
El JNE indicó también que se encuentra en proceso de emitir los informes o resoluciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades administrativas, de acuerdo con sus competencias.
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