Olmer Mendoza García.
Olmer Mendoza García. | Fuente: YouTube/Panorama

Omega Constructores y Consultores S.A.C., consorciada con Antalsis en el Consorcio Fitzcarrald –vinculada a Martín Belaunde Lossio– ha sido denunciada por malas prácticas para hacerse de contratos públicos. Sin embargo, aún no ha sido sancionada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Según el informe final de la comisión MBL, esta empresa, cuyo propietario es Olmer Mendoza García, investigado por sus presuntos vínculos con el exasesor del presidente Ollanta Humala, ha sido beneficiada en los últimos años con diversos contratos con el Gobierno Regional de Madre de Dios, por un monto aproximado de 49 millones de soles.

Un reportaje de Panorama da cuenta que dicha compañía pasó a llamarse MyG Ingeniería Proyecto y Construcción SAC (aunque mantiene el mismo RUC), con el fin de participar en futuras licitaciones públicas, pese a las acusaciones por irregularidades, como presentar cartas-fianza falsas para licitar con Emape, dejar proyectos inconclusos y concluir arbitrariamente contratos.

La expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya Luyo, consideró que Omega “cambió de nombre para disfrazarse y no ser reconocida como la autora de infracciones contra los recursos del Estado”.

Según la referida investigación periodística, esa compañía, que formaba parte de un consorcio, dejó abandonado el proyecto de modernización de la Institución Educativa Carlos Fermín Fitzcarrald, de Puerto Maldonado. Para esta obra pública se desembolsó más de 17 millones de soles.

Recientemente, Omega, en consorcio con la empresa Corporación Valcón, obtuvo dos nuevas adjudicaciones del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) para construir dos centros tecnológicos en los departamentos de San Martín y Madre de Dios. El valor de ambas obras asciende a 7 millones de soles.

Sobre este tema, el director ejecutivo del ITP, Fernando Alarcón, manifestó que no se suscribieron los contratos con  los consorcios ganadores –a los cuales se les otorgó inicialmente la buena pro- por cuanto no cumplieron con presentar la documentación exigida por las bases de la licitación  y por la Ley de Contrataciones del Estado tales como constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;  constancia de inscripción en registros públicos; vigencia de poder de representante legal;  carta fianza de fiel cumplimiento; y la constancia de la OSCE de capacidad de libre contratación, entre otros. En ese sentido, se les retiró el otorgamiento de la buena pro.