El primer vicepresidente de la República negó su presunta participación ilícita en diversas compras millonarias de armamento y equipos para la Marina de Guerra entre 1995 y 1997.
El primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, calificó de "insostenible e infundada" la denuncia contra él y 27 oficiales de la Marina de Guerra, por presuntas irregularidades en la compra de armamento entre 1994 y 1997.
"Esta denuncia es insostenible y carece de fundamento, la fiscal Marlene Berrú ha hecho un `barrido´, nos ha acusado a todos por los mismos delitos, lo que le quita seriedad a su denuncia; espero que la jueza evalúe bien esta situación y la desestime", afirmó Giampietri.
Según precisa la agencia Andina, el también congresista señaló que tanto la Contraloría, la Policía como la propia Marina de Guerra han informado que no hubo perjuicio, que los equipos físicamente fueron traídos al Perú y utilizados en la defensa nacional.
Añadió que los propios proveedores, acogiéndose a la "confesión sincera", han señalado que no se pagó ninguna coima, aunque la Contraloría sí ha señalado que hubo deficiencias administrativos en la proceso de adquisición, pero no se formuló ninguna acusación sobre actos ilícitos.
Giampietri Rojas precisó que en 1994, ante la inminente guerra con Ecuador, el gobierno de ese entonces formó comisiones y juntas para la adquisición de armamento, una de las cuales integró, pero solo hasta el año 1995, cuando pasa a retiro.
Sin embargo, la denuncia lo implica en todo ese proceso, que terminó en 1998.
"La fiscal se ha equivocado en la denuncia en varias partes, mi participación en la adquisición de equipos comenzó en 1994 y no el 96", 97" o 98" porque ya estaba de baja", expresó en diálogo con RPP.
En otro momento, dijo que como congresista y primer vicepresidente de la República se ha presentado hasta en tres oportunidades al despacho del Ministerio Público, y que lo seguirá haciendo para esclarecer este caso. "porque no tengo nada que ocultar", sentenció.
Cabe precisar, que según informa este jueves un diario local, la fiscal Berrú denunció a 28 oficiales de la Marina y un civil, entre ellos Giampietri, por los presuntos delitos de colusión desleal y asociación ilícita para delinquir, supuestamente por beneficiar a proveedores en la compra de armas para la armada.
"Esta denuncia es insostenible y carece de fundamento, la fiscal Marlene Berrú ha hecho un `barrido´, nos ha acusado a todos por los mismos delitos, lo que le quita seriedad a su denuncia; espero que la jueza evalúe bien esta situación y la desestime", afirmó Giampietri.
Según precisa la agencia Andina, el también congresista señaló que tanto la Contraloría, la Policía como la propia Marina de Guerra han informado que no hubo perjuicio, que los equipos físicamente fueron traídos al Perú y utilizados en la defensa nacional.
Añadió que los propios proveedores, acogiéndose a la "confesión sincera", han señalado que no se pagó ninguna coima, aunque la Contraloría sí ha señalado que hubo deficiencias administrativos en la proceso de adquisición, pero no se formuló ninguna acusación sobre actos ilícitos.
Giampietri Rojas precisó que en 1994, ante la inminente guerra con Ecuador, el gobierno de ese entonces formó comisiones y juntas para la adquisición de armamento, una de las cuales integró, pero solo hasta el año 1995, cuando pasa a retiro.
Sin embargo, la denuncia lo implica en todo ese proceso, que terminó en 1998.
"La fiscal se ha equivocado en la denuncia en varias partes, mi participación en la adquisición de equipos comenzó en 1994 y no el 96", 97" o 98" porque ya estaba de baja", expresó en diálogo con RPP.
En otro momento, dijo que como congresista y primer vicepresidente de la República se ha presentado hasta en tres oportunidades al despacho del Ministerio Público, y que lo seguirá haciendo para esclarecer este caso. "porque no tengo nada que ocultar", sentenció.
Cabe precisar, que según informa este jueves un diario local, la fiscal Berrú denunció a 28 oficiales de la Marina y un civil, entre ellos Giampietri, por los presuntos delitos de colusión desleal y asociación ilícita para delinquir, supuestamente por beneficiar a proveedores en la compra de armas para la armada.
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