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por Redacción RPP
·Fernández argumentó que considerando la realidad de 500 mil personas a nivel nacional, la norma califica como de necesidad pública.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, rechazó que la modificación a la Ley de Formalización de la Propiedad Ilegal, mediante la cual el Gobierno expropiará propiedades invadidas hasta el 2004, sea ilegal o inconstitucionalidad.
"Hay un error de lectura incompleta del artículo 70 de la Constitución", según la ministra en cuanto se determina por ley que en caso de necesidad pública "la expropiación es una herramienta legítima y constitucional".
En tal sentido, Fernández argumentó que considerando la realidad de 500 mil personas a nivel nacional, la norma califica como de necesidad pública si hay carencias de saneamiento y titulación.
La ministra descartó que la iniciativa establezca un mal precedente que pueda promover nuevas invasiones. "Hace mucho tiempo que existe la Ley Orgánica de Municipalidades, que determinó que la expropiación por causa de saneamiento es legal y eso inclusive ha sido revisado por el propio Tribunal Constitucional", reiteró Fernández según la Agencia Andina.
El dictamen aprobado por el Congreso señala que la expropiación y posterior titulación en beneficio de los pobladores de los terrenos ocupados por posesiones informales, al 31 de diciembre de 2004, se declara de necesidad pública conforme a lo establecido por el numeral 6 del Artículo 96° de la Ley N° 27972.
El artículo en cuestión señala las causas de la necesidad pública y entre ellas indica al saneamiento físico legal de espacios ocupados por acciones de hecho y sin posibilidad real de restablecimiento del estado anterior. Esto significa que solo se expropiará terrenos en donde sus ocupantes ya hayan realizado construcciones y, en consecuencia, sea imposible volver a su estado original.
En la víspera, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde expresó su preocupación por la polémica norma, considerada por algunos como un premio a las invasiones. Para el parlamentario la norma tiene "tufillo político".
"Estamos cerca de elecciones y manejar títulos de propiedad puede ser fácil", manifestó el congresista en RPP, y cuestionó cómo se financiará la compensación a los dueños de los terrenos.
"El Estado pagará a los particulares el terreno a expropiar y luego va a cobrar a los beneficiarios. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado. Es una cosa importante en una época de crisis, es un tema social a solucionar, pero quizá esta norma comete excesos, en todo caso el Congreso debe estudiarla mucho", opinó.
"Hay un error de lectura incompleta del artículo 70 de la Constitución", según la ministra en cuanto se determina por ley que en caso de necesidad pública "la expropiación es una herramienta legítima y constitucional".
En tal sentido, Fernández argumentó que considerando la realidad de 500 mil personas a nivel nacional, la norma califica como de necesidad pública si hay carencias de saneamiento y titulación.
La ministra descartó que la iniciativa establezca un mal precedente que pueda promover nuevas invasiones. "Hace mucho tiempo que existe la Ley Orgánica de Municipalidades, que determinó que la expropiación por causa de saneamiento es legal y eso inclusive ha sido revisado por el propio Tribunal Constitucional", reiteró Fernández según la Agencia Andina.
El dictamen aprobado por el Congreso señala que la expropiación y posterior titulación en beneficio de los pobladores de los terrenos ocupados por posesiones informales, al 31 de diciembre de 2004, se declara de necesidad pública conforme a lo establecido por el numeral 6 del Artículo 96° de la Ley N° 27972.
El artículo en cuestión señala las causas de la necesidad pública y entre ellas indica al saneamiento físico legal de espacios ocupados por acciones de hecho y sin posibilidad real de restablecimiento del estado anterior. Esto significa que solo se expropiará terrenos en donde sus ocupantes ya hayan realizado construcciones y, en consecuencia, sea imposible volver a su estado original.
En la víspera, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde expresó su preocupación por la polémica norma, considerada por algunos como un premio a las invasiones. Para el parlamentario la norma tiene "tufillo político".
"Estamos cerca de elecciones y manejar títulos de propiedad puede ser fácil", manifestó el congresista en RPP, y cuestionó cómo se financiará la compensación a los dueños de los terrenos.
"El Estado pagará a los particulares el terreno a expropiar y luego va a cobrar a los beneficiarios. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado. Es una cosa importante en una época de crisis, es un tema social a solucionar, pero quizá esta norma comete excesos, en todo caso el Congreso debe estudiarla mucho", opinó.
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