Alertan que existe el riesgo de que los periodistas que propalen entrevistas a terroristas que se defiendan o nieguen sus delitos "sean denunciados como cómplices del delito de negacionismo".
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su rechazo al proyecto de ley del Negacionismo enviado por el Poder Ejecutivo que representa una seria amenaza a la libertad de opinión.
"El texto del Proyecto pone al alcance de persecución penal la difusión de opiniones discrepantes con sentencias judiciales firmes, sea porque se crea que atribuyen equivocadamente acciones terroristas a personas que forman parte de este tipo de organizaciones, o porque se considere que son desproporcionadas en las penas impuestas", indica una nota publicada por el Consejo Directivo en su página web.
Afirman que "bastará que un procurador, o un grupo de víctimas, o un cuerpo militar, consideren a estas críticas como ofensa a un colectivo social, para activar la imputación por el delito de negacionismo que se propone".
Alertan que existe el "serio riesgo" de que los periodistas, editores o directores de medios de comunicación que propalen entrevistas a miembros de organizaciones terroristas, en las que estos defiendan o nieguen sus delitos, "sean denunciados como cómplices del delito de negacionismo", bajo la imputación de haber prestado dolosamente el medio para la difusión pública de tales expresiones.
"En efecto, opinar que la sentencia condenó a inocentes puede calificar, en los términos del Proyecto, como la negación de la comisión de delitos de terrorismo. Y si se opina que la pena es excesiva, como la minimización de tales ilícitos; ambas figuras están penalizadas con prisión de entre cuatro a ocho años".
Afirman que el Proyecto representa "una seria amenaza a la libertad de opinión," así como al derecho de análisis y crítica de las resoluciones judiciales.
El IPYS invoca al pleno del Congreso de la República a tener en cuenta y ponderar los graves perjuicios que una norma penal como la que se propone podría generar en la vigencia de la libertad de expresión en el país y por ende en la consolidación del Estado constitucional.
También exhorta al Poder Ejecutivo a "revisar esta propuesta que no se condice con la línea de pleno respeto a la libertad de expresión que ha demostrado hasta el momento".
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