Desde el penal, Keiko Fujimori insiste en su inocencia mientras que el fiscal José Domingo Perez le atribuye ser líder de una organización criminal dentro de su partido Fuerza Popular.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se convirtió en la principal protagonista del caso Odebrecht en el Perú tras la orden de prisión preventiva de 36 meses que se dictó en su contra por presunto lavado de activos.
Keiko Fujimori estuvo cerca de lograr la presidencia del Perú; sin embargo, ahora pasó a ocupar una fría celda dentro del establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos. El financiamiento de sus campañas electorales del 2011 y 2016 la puso en la mira de la Fiscalía para casos de lavado de activos.
La situación legal de Fujimori Higuchi se complicó luego de la declaración que hizo Marcelo Odebrecht a un grupo de fiscales, confirmando la entrega de dinero para la campaña de la lideresa de Fuerza Popular.
Declaraciones de Barata complicaron a Keiko
Esta revelación hizo que la Fiscalía peruana gestione en Brasil el interrogatorio de Jorge Simoes Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú. En febrero de este año, Barata declaró ante el fiscal José Domingo Perez que la constructora brasileña dio un millón 200 mil dólares para la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011.
Según Barata, el apoyo económico de Odebrecht se canalizó a través de los entonces dirigentes de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, así como también por medio de la Confiep.
Ambas declaraciones hicieron que el fiscal Perez Gómez allane dos locales de Fuerza Popular, donde se incautó una serie de documentos y equipos de cómputo con autorización judicial.
Allanamientos
El magistrado también allanó las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, exdirigentes del partido. La medida también contempló el allanamiento e incautación de documentos en las oficinas de la Confiep en San Isidro.
Al respecto, el presidente del gremio empresarial reveló que recibieron dinero de Odebrecht para financiar una campaña contra la candidatura de Ollanta Humala en el 2011 y no para financiar un partido político.
Esta medida fue cuestionada por la defensa legal de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, a través de dos casaciones que llegaron a la Corte Suprema donde se solicitaba el cese de esta investigación preliminar.
Detención de Keiko Fujimori
La lideresa de Fuerza Popular acudió el 10 de octubre al despacho del fiscal Pérez Gómez para volver a declarar sobre el caso; sin embargo, ese día terminó siendo intervenida por agentes de la Policía que le seguían los pasos. El juez Richard Concepción Carhuancho acogió el pedido del fiscal Pérez Gómez para que se ordenara la detención preliminar por 10 días.
También se ordenó la detención preliminar por 10 días de Pier Figari y Ana Herz de Vega, asesores de Keiko Fujimori, el abogado Vicente Silva Checa y Carmela Paucará, sindicada por la fiscalía, como la secretaria personal de la lidereza del partido naranja.
Luego de estar viarios días detenida, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló las órdenes de detención preliminar dictadas contra Keiko Fujimori y demás implicados.
Prisión preventiva
Pérez Gómez actuó con rapidez y solicitó al Poder Judicial prisión preventiva por 36 meses contra la lidereza de Fuerza Popular y otras 10 personas tras iniciar una investigación preparatoria por presunto lavado de activos.
El fiscal atribuyó a Keiko Fujimori ser cabecilla de una cúpula criminal que tomaba las decisiones dentro de Fuerza Popular como la de blindar al Fiscal de la Nación Pedro Chavarry para luego poder presionarlo.
El juez Concepción Carhuancho eligió el día 31 de octubre para dar a conocer su veredicto que concluyó con la prisión preventiva para Keiko Fujimori por 36 meses. Más adelante el juez Concepción Carhuancho ordenó el impedimento de salida del país por 36 meses contra Mark Vitto, esposo de Keiko Fujimori.
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