La candidatura de Alberto Fujimori, la constitución y la democracia

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A través de las redes sociales, Keiko Fujimori ha informado que su padre y ella han decidido que Alberto Fujimori sea el candidato presidencial de Fuerza Popular. ¿Contribuye esta información a la consolidación de la democracia o introduce un nuevo factor de zozobra y polarización?

Alberto Fujimori está libre gracias a un indulto concedido el 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuzcynski por razones humanitarias, es decir por el padecimiento de una enfermedad grave y terminal. Ese indulto fue restablecido por una decisión adoptada en mayoría por los actuales miembros del Tribunal Constitucional. Fujimori purgaba una condena a 25 años por crímenes graves y corrupción.  Antes de ser extraditado al Perú postuló sin éxito desde Chile a la Cámara Alta del Congreso del Japón. 

El indulto no ha anulado la condena ni ha consagrado su rehabilitación. En consecuencia se halla privado, según la Constitución, del derecho a ser candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, como todos los condenados por delitos dolosos. 

Por más que se vuelva a forzar una interpretación “auténtica” de la Constitución, la prohibición es inapelable. Así lo han afirmado constitucionalistas como Ernesto Blume y Aníbal Quiroga, insospechables de actuar por afinidad con las corrientes hostiles al fujimorismo. Blume fue por lo demás uno de los magistrados constitucionales que el 2022 validó el indulto.

Tampoco parece razonable sostener que el caso deba ser decidido por el Jurado Nacional de Elecciones, que ya tiene bastantes dificultades para restablecer la confianza en nuestros procedimientos electorales.

Desde el punto de vista jurídico el anuncio de Keiko Fujimori carece de fundamento. Si se trata de una maniobra política, debería ser corregida por abogados que como Luis Galarreta y Miguel Torres, juegan un rol eminente en la jerarquía de Fuerza Popular. No hacerlo abriría la puerta a otros condenados, por asesinar policías por ejemplo, para que también ellos puedan postular a ser presidentes del Perú.

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Desde el punto de vista jurídico el anuncio de Keiko Fujimori carece de fundamento. Si se trata de una maniobra política, debería ser corregida por abogados que como Luis Galarreta y Miguel Torres, juegan un rol eminente en la jerarquía de Fuerza Popular.

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