Más de 100 beneficiados con narcoindultos volvieron a delinquir

Más de 100 narcotraficantes beneficiados con los indultos y conmutaciones de pena concedidos durante el segundo gobierno aprista volvieron a delinquir en el Perú, reveló hoy la procuradora antidrogas, Sonia Medina.

Detalló que esa información se consiguió tras revisar y cruzar los nombres de los presos que obtuvieron estas gracias presidenciales, varios de ellos extranjeros, quienes hoy se encuentran nuevamente procesados por la justicia.

“Del cruce de las listas que hemos podido observar, publicadas en El Peruano, hay más de una centena de reincidentes. Ellos ya están con nuevo proceso”, manifestó la abogada del Estado, en entrevista con radio Exitosa.

La mayoría de reincidentes por narcotráfico corresponde a "burriers", que vuelven a caer con mucha facilidad, porque -según Medina- han convertido al tráfico ilícito de drogas en un “modus vivendi”, sobre todo los extranjeros, que son excarcelados con estos beneficios.

“Lamentablemente, penas de 15 años, por ejemplo, han sido rebajadas a la mitad o a menos de la mitad. Eso hace una ‘puerta falsa’ para que estos individuos vuelvan a delinquir como "Pedro por su casa" y no pasó nada (...). Nadie quiere que seamos un "narcoestado"”, refirió.

Recordó que si bien la ley contempla una prohibición expresa para conceder indultos para delitos de narcotráfico en su modalidad agravada, los presos por este ilícito “en su tipo base” sí pueden obtener este beneficio.

Medina señaló que el narcotráfico en el país constituye una cadena en la que intervienen desde el agricultor cocalero y el "burrier" que traslada la ilegal mercadería a otros países, hasta los que operan bandas criminales organizadas.

“La criminalidad organizada se aprovecha de la ignorancia y de la necesidad de las personas”, comentó, al mencionar que el 80 por ciento de las presas en el penal de mujeres de Chorrillos (antes Santa Mónica) purga condena por narcotráfico.

Indicó también que los presos extranjeros por narcotráfico están exonerados de pagar la respectiva reparación civil, debido a que en Perú no cuentan con un empleo que les permita generar ingresos para cubrir esa obligación.

“De acuerdo con la política penitenciaria, como no hay dónde trabajar no están en condiciones y no pagan la reparación civil. La mayoría se queda con una sentencia condenatoria y nada más”, manifestó.

Andina