"Estamos listos para afrontar el caso, tenemos las herramientas jurídicas, el Perú va a postular principios importantes de defensa de los comandos (ante la Corte IDH)", dijo el titular de Justicia.
El ministro de Justicia de Perú, Juan Jiménez, afirmó que el Estado está preparado para enfrentarse al juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuestas ejecuciones extrajudiciales tras la liberación de la embajada japonesa en 1997.
"Estamos listos para afrontar el caso, tenemos las herramientas jurídicas, tenemos las pruebas, la posibilidad de garantizar un juicio donde el Perú va a defenderse y va a postular principios importantes de defensa de los comandos de Chavín de Huántar", afirmó Jiménez en una rueda de prensa.
En 1997 el Comando Chavín de Huántar, integrado por 140 militares, liberó a 71 rehenes, quienes permanecían cautivos desde aproximadamente cuatro meses en la residencia del embajador japonés en Lima por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, en una operación donde todos los subversivos fallecieron.
Familiares de los secuestradores denunciaron al Estado peruano por la presunta ejecución de tres de ellos cuando ya se habían rendido, denuncia que supuso un proceso judicial en el fuero militar que resultó excesivamente largo, el cual ha sido descalificado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (DD.HH.) y finalmente derivado a la Corte internacional.
El Estado peruano fue informado el miércoles de la admisión del caso por la Corte Interamericana de DD.HH., según dijo hoy el ministro, y se calcula que el proceso dure cerca de un año.
El agente peruano ante la Corte IDH para el caso Comando Chavín de Huántar, el abogado Pedro Cateriano, también presente en la rueda de prensa, señaló que no revelará la estrategia del Estado y dijo que el equipo que lidera trabajará durante dos meses para la contestación de la demanda.
El abogado indicó que durante el proceso el presidente en ejercicio de la Corte será el juez Manuel Ventura, en reemplazo del titular Diego García Sayán, quien está impedido de participar en el caso por su condición de peruano.
"Porque consideramos que fue un operativo militar ejemplar hemos asumido esta defensa que involucra a todos los peruanos. Vamos a defender como Estado a los comandos de Chavín de Huántar, que con su sacrificio defendieron los intereses nacionales", enfatizó Cateriano.
Aunque el Estado peruano ha asumido el caso como una defensa de los comandos Chavín de Huántar, defensores de Derechos Humanos han reiterado en múltiples ocasiones que la acusación va dirigida contra un equipo del Servicio de Inteligencia Nacional, a cargo de Vladimiro Montesinos, que intervino después de la operación militar.
EFE
Comparte esta noticia