El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, anunció que apelará esta "inverosímil decisión judicial" al considerar que "ahonda el estado de impunidad".
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén Olaya, expresó su profundo malestar por la decisión de la jueza Janet Lastra, quien rechazó el pedido de pena suspendida por efectiva contra los dirigentes implicados en los actos de violencia en Islay, región Arequipa.
Mediante un comunicado, anunció que apelará esta “inverosímil decisión judicial” al considerar que “ahonda el estado de impunidad”.
"Se está solicitando la revocatoria de la pena suspendida por incumplimiento de reglas de conducta y se disponga la prisión efectiva de quienes han estado siendo objeto de las acciones de protesta que se han venido llevando a cabo en el Valle del Tambo”, precisó.
En ese sentido, precisó que la solicitud está dirigida concretamente en contra de Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, Milton Abramonte Cienfuegos, Hubert Efraín Puma Puma y Rubén Quispe Coya.
Asimismo, recordó que los cinco dirigentes aún no cumplen con pagar la reparación civil dictada el año pasado.
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