Alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, aún no ha solicitado asilo político, pero si lo hiciera el Gobierno evaluaría el pedido a través de un comisión especial, precisó el titular de Relaciones Exteriores.
El dirigente opositor venezolano Manuel Rosales, bajo acusación por enriquecimiento ilícito y quien considera que hay una persecución política en su contra, se encuentra en Perú, dijo este martes a la AFP el canciller peruano, José Antonio García Belaunde.
Consultado sobre la presencia de Rosales en Perú, el canciller García Belaunde señaló que "sí, efectivamente está con su familia por lo menos desde el fin de semana pasado".
Sobre la posibilidad de que Rosales esté en busca de asilo, tal como señaló en su edición de este martes a un diario local peruano, García Belaunde señaló que Rosales "entró como turista, y como turista se puede quedar hasta 180 días".
De momento el canciller no sabe si Rosales -alcalde de Maracaibo, segunda ciudad de Venezuela- pedirá asilo o refugio pero confirmó que otros tres opositores venezolanos pidieron y obtuvieron asilo en los últimos años.
Rosales es acusado de enriquecimiento ilícito en su país, pero él alega persecución política en su contra.
El lunes su partido, el socialdemócrata "Un Nuevo Tiempo", había señalado en Caracas que Rosales tramitaría el asilo político "ante un país amigo" y que no se entregaría a los tribunales, por ser ellos "instrumento de persecución
política".
Omar Barboza, secretario general de Un Nuevo Tiempo, anunció en rueda de prensa que la decisión de solicitar asilo político para el alcalde obedece a la intención de "continuar transitando la ruta democrática", pues de otro modo
Rosales habría tenido que pasar a una situación de clandestinidad.
"Este es un caso muy claro de persecución política.La entrega de Rosales no sería a la justicia venezolana sino a Hugo Chávez que lo está persiguiendo", aseguró Barboza.
La entrega de Rosales a la justicia venezolana "sería un trofeo que el gobierno enseñaría a todos para intimidar a la disidencia.
Sería un sacrificio inútil que solamente beneficiaría al gobierno", añadió Barboza.
La Fiscalía acusó a Rosales de enriquecimiento ilícito, que implica una pena de entre tres y diez años de cárcel, y pidió a la justicia que quede en prisión preventiva tras llevarse a cabo una audiencia prevista para mediados de mayo.
Barboza denunció que el tribunal decidió aún antes de esa audiencia la detención de Rosales en la cárcel de La Planta, en Caracas, según un acta que tendrían en su poder los dirigentes de oposición.
Según la Fiscalía, el delito se habría cometido entre 2002 y 2004 cuando Rosales era gobernador del estado Zulia (noroeste).
AFP
Consultado sobre la presencia de Rosales en Perú, el canciller García Belaunde señaló que "sí, efectivamente está con su familia por lo menos desde el fin de semana pasado".
Sobre la posibilidad de que Rosales esté en busca de asilo, tal como señaló en su edición de este martes a un diario local peruano, García Belaunde señaló que Rosales "entró como turista, y como turista se puede quedar hasta 180 días".
De momento el canciller no sabe si Rosales -alcalde de Maracaibo, segunda ciudad de Venezuela- pedirá asilo o refugio pero confirmó que otros tres opositores venezolanos pidieron y obtuvieron asilo en los últimos años.
Rosales es acusado de enriquecimiento ilícito en su país, pero él alega persecución política en su contra.
El lunes su partido, el socialdemócrata "Un Nuevo Tiempo", había señalado en Caracas que Rosales tramitaría el asilo político "ante un país amigo" y que no se entregaría a los tribunales, por ser ellos "instrumento de persecución
política".
Omar Barboza, secretario general de Un Nuevo Tiempo, anunció en rueda de prensa que la decisión de solicitar asilo político para el alcalde obedece a la intención de "continuar transitando la ruta democrática", pues de otro modo
Rosales habría tenido que pasar a una situación de clandestinidad.
"Este es un caso muy claro de persecución política.La entrega de Rosales no sería a la justicia venezolana sino a Hugo Chávez que lo está persiguiendo", aseguró Barboza.
La entrega de Rosales a la justicia venezolana "sería un trofeo que el gobierno enseñaría a todos para intimidar a la disidencia.
Sería un sacrificio inútil que solamente beneficiaría al gobierno", añadió Barboza.
La Fiscalía acusó a Rosales de enriquecimiento ilícito, que implica una pena de entre tres y diez años de cárcel, y pidió a la justicia que quede en prisión preventiva tras llevarse a cabo una audiencia prevista para mediados de mayo.
Barboza denunció que el tribunal decidió aún antes de esa audiencia la detención de Rosales en la cárcel de La Planta, en Caracas, según un acta que tendrían en su poder los dirigentes de oposición.
Según la Fiscalía, el delito se habría cometido entre 2002 y 2004 cuando Rosales era gobernador del estado Zulia (noroeste).
AFP
Comparte esta noticia