El jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, recordó los casos del exministro aprista, Rómulo León Alegría y del narcotraficante Lucio Tijero; así como los de Jackeline Beltrán y Eva Bracamonte.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, reafirmó que el expresidente Alberto Fujimori debió pedir permiso a la institución que dirige para la entrevista que dio a RPP a Noticias. Afirmó que el reglamento del INPE así se lo exige a todos los reos.
Indicó que no es la primera vez que un interno de un penal comete este tipo de falta y que luego es sancionado por ello. Recordó los casos del exministro aprista, Rómulo León Alegría y del narcotraficante Lucio Tijero; así como los de Jackeline Beltrán y Eva Bracamonte.
"Tenemos el caso, por ejemplo, de Rómulo León Alegría, del 15 de noviembre de 2008, donde llama a RPP y los empleados penitenciarios se le tiran encima y le cortan el teléfono. Tenemos igual el caso, si no me equivoco, a canal 2, de Eva Bracamonte. Tenemos el caso de Tijero que da declaraciones a Cuarto Poder", dijo a la prensa a su salida de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso
"Es decir tenemos una serie de casos, efectivamente, con entrevistas a medios de comunicación que no fueron autorizadas y que cuando se pudo se les cortó. El hecho de cortarle la llamada inmediatamente es el caso de Rómulo León y el caso de Eva Bracamonte", agregó.
Precisó que la joven, Eva Bracamonte, fue sancionada durante 15 días con la restricción de sus visitas y de comunicaciones; y que solo se le permitió conversar con su abogado durante ese periodo.
Afirmó que en los casos de la examante de Vladimiro Montesinos, Jackeline Beltrán y del narcotraficante Lucio Tijero, cuyas faltas fueron descubiertas tardíamente, fueron sancionados al confirmarse sus infracciones.
Consultado sobre la posible sanción a Alberto Fujimori, indicó que no puede adelantar nada al respecto y que ello lo determinará el Consejo Técnico Penitenciario; sin embargo señaló que el expresidente cometió doble falta
"En este caso, el interno no solo no tenía autorización para dar una entrevista por teléfono sino que se negó a acatar una orden de un empleado penitenciario para que deje de hablar, que también es una falta contemplada en el reglamento", puntualizó.
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