Tras la denuncia de que expertos de la universidad de Alicante supuestamente influyeron en fase previa a elaboración de sentencia, bancada fujimorista solicitará al TC anule dictamen y al CNM destituya a juez César San Martín.
La bancada fujimorista pedirá la anulación de la condena a 25 años de cárcel impuesta al ex presidente peruano Alberto Fujimori, luego de que hoy se denunciara una supuesta intervención de expertos de la universidad española de Alicante en la fase previa a la elaboración de la sentencia.
El congresista fujimorista Rolando Souza afirmó a Efe que su bancada "pasará a la acción" para solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que anule la sentencia y al Consejo Nacional de la Magistratura que destituya al juez César San Martín, quien presidió la sala que condenó a Fujimori.
Souza explicó a Efe el contenido de un correo electrónico que supuestamente le fue enviado a San Martín por un abogado privado en el 2008 con el detalle de unas recomendaciones de tres expertos de la Universidad de Alicante para que Fujimori sea condenado con la tesis de la "autoría mediata".
En esa comunicación, que fue publicada hoy por el diario Correo, el abogado Gonzalo del Río le informa a San Martín que se ha reunido con expertos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Alicante para recibir ideas CON "respecto a la posición dogmática" en los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Souza dijo a Efe que estos expertos han sido identificados como Antonio Doval, vicerrector de Ordenación Académica; Victoria del Mar Carrasco, vicedecana de la Facultad de Criminología, y Carmen Juanatey, abogada criminóloga.
"Del Río le dice a San Martín que la tesis de la fiscalía en orden a la estructura vertical de la organización es fatal", precisó el congresista, quien consideró "muy grave" que el abogado también le remarque al magistrado que "el tribunal no debe verificar una o varias órdenes" para establecer la "autoría mediata".
"¿Dónde se ha visto que un juez consulte a un abogado privado?", remarcó para luego decir que para eso los miembros del tribunal ya cuentan con un equipo de asesores.
Sousa aseguró que el correo le fue enviado a un "compañero de bancada" por "personas del entorno de San Martín" y que decidió hacerlo público porque considera que se trata de un caso de "corrupción jurídica".
Tras conocerse la denuncia, el juez César San Martín afirmó que ha sido víctima de la interceptación de su correo electrónico con la finalidad de perjudicar su postulación a la presidencia del Poder Judicial, que se decidirá mañana.
"Esta noticia es claramente política y lo que se pretende es influir indebidamente en un proceso electoral interno en la Corte Suprema de Justicia", declaró a RPP.
Aunque San Martín señaló que no tiene certeza de la veracidad del correo, admitió que durante el proceso de formación de una sentencia en casos difíciles o complejos un juez "sí puede recoger aportes para formar opinión y construir una decisión".
"Esta es una campaña vil, montada con fines deleznables", dijo, para luego remarcar que la sentencia a Fujimori "fue hecha por tres personas y analizando punto por punto", en referencia a él y a los otros integrantes del tribunal, Hugo Príncipe y Víctor Prado.
La posición del magistrado fue respaldada por el fiscal del proceso a Fujimori, José Peláez Bardales, quien dijo que se tiene que "censurar el origen de estos documentos (el correo electrónico) porque fueron obtenidos ilegalmente".
"Siempre mantuvimos la tesis de que el señor Alberto Fujimori era el autor mediato (...) no por haber dado órdenes directamente al Grupo Colina, sino que implementó una política de baja intensidad o guerra sucia que permitió la conformación de ese destacamento", señaló Peláez.
Al referirse a los supuestos aportes de expertos de la Universidad de Alicante, el fiscal remarcó que los magistrados siempre están "abiertos y permeables a todas las opiniones" que puedan alcanzarle personas entendidas en la materia.
Fujimori fue condenado en abril del 2009 a 25 años de cárcel como "autor mediato" (tener el dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, de 1991 y 1992, respectivamente, y el secuestro de un periodista y un empresario, en 1992.
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