Organismo internacional dijo que el proceso de formalización de la minería informal demuestra el compromiso del Poder Ejecutivo en la materia.
La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Perú, Rebeca Arias, resaltó las acciones emprendidas por el Gobierno, particularmente en 2013, para erradicar la minería ilegal del país, en protección del medioambiente.
Dijo que el proceso de formalización de la minería informal, las operaciones de interdicción, destrucción de dragas y de la logística empleada para la ilícita actividad demuestra el compromiso del Poder Ejecutivo en la materia.
"El Gobierno está haciendo esfuerzos importantes para controlar la minería ilegal, lograr que se respeten y se protejan los recursos naturales, el ambiente y hemos visto que las medidas adoptadas están en la dirección correcta", declaró.
Destacó, en ese sentido, que se impulse el desarrollo de una minería con mayor responsabilidad social, en concordancia con la protección de los recursos naturales.
Lo importante, agregó, es evitar la depredación del ambiente que pone en riesgo el desarrollo humano de las futuras generaciones.
"Si tenemos contaminación de ríos y suelos, qué actividades económicas van a poder desarrollar las poblaciones, por eso los efectos de la minería ilegal son nefastos", agregó.
Las Fuerzas Armadas han realizado numerosas interdicciones en lo que va del año, destruyendo enormes vehículos de carga, bombas de agua y dragas, que extraen la tierra mineralizada de los ríos amazónicos y la procesa con mercurio para obtener oro.
Esas operaciones han depredado una gran parte del bosque amazónico en la región de Madre de Dios; y contaminado la cuenca ribereña del río Ramis y Suche en región Puno.
El Gobierno desarrolla un proceso de formalización de los mineros artesanales, para adecuar su labor al respeto de estándares ambientales y laborales; pero también trabaja para desbaratar a las "mafias" organizadas que alientan la minería ilegal para lavar dinero ilícito.
Según expertos, los ingresos de los mineros ilegales e informales ascienden a casi 2.000 millones de dólares anuales en Perú; y se estima que dicha cifra es mayor a la que mueve el narcotráfico.
Andina
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