´Nunca se ha producido robo de audios, ´asaltos´, ni sustracción o pérdida de alguno de los bienes incautados a Giselle Giannotti, funcionaria de Business Track´, enfatizó.
El Poder Judicial calificó como falsa la denuncia de que han sido borrados varios archivos de audio y correos electrónicos que formaban parte de la investigación de un caso de espionaje telefónico conocido como los "Petroaudios", que fue revelado en 2008.
A través de un comunicado, el ente judicial manifiestó que "nunca se ha producido robo de audios, "asaltos", ni sustracción o pérdida de alguno de los bienes incautados a Giselle Giannotti Grados, funcionaria de Business Track (BTR).", tal y como denunció un diario local.
El Poder Judicial respondió a la denuncia de la desaparición de las pruebas asegurando que el material decomisado permanecía en sobres "lacrados" y en la caja fuerte del Palacio de Justicia, donde está permanentemente vigilado con personal y cámaras de seguridad.
Asimismo, aseguró que existen siete cámaras de vídeo que vigilan el lugar las 24 horas del día, y en las grabaciones se puede verificar que el 4 de mayo, fecha señalada por La República como el día en que se realizó el borrado de información, "nadie ingresó al juzgado y, menos, a la bóveda (caja fuerte)".
Al respecto, el congresista Oswaldo Luizar, ex presidente de la comisión que investigó las interceptaciones telefónicas, aseveró que dicho comunicado es una "verdad a medias" que solo pretende confundir a la población.
En diálogo con RPP, calificó de "muy grave" la eliminación de los archivos y aseveró que la administración del Poder Judicial es la responsable de la desaparición de los 592 archivos.
"Yo pienso que aquí hay responsabilidad por parte de la administración del Poder Judicial, quienes estaban obligados a cautelar este material. Tuvieron que haber tomado conocimiento lo que ocurrió esa noche y debieron haber reportado", enfatizó.
A través de un comunicado, el ente judicial manifiestó que "nunca se ha producido robo de audios, "asaltos", ni sustracción o pérdida de alguno de los bienes incautados a Giselle Giannotti Grados, funcionaria de Business Track (BTR).", tal y como denunció un diario local.
El Poder Judicial respondió a la denuncia de la desaparición de las pruebas asegurando que el material decomisado permanecía en sobres "lacrados" y en la caja fuerte del Palacio de Justicia, donde está permanentemente vigilado con personal y cámaras de seguridad.
Asimismo, aseguró que existen siete cámaras de vídeo que vigilan el lugar las 24 horas del día, y en las grabaciones se puede verificar que el 4 de mayo, fecha señalada por La República como el día en que se realizó el borrado de información, "nadie ingresó al juzgado y, menos, a la bóveda (caja fuerte)".
Al respecto, el congresista Oswaldo Luizar, ex presidente de la comisión que investigó las interceptaciones telefónicas, aseveró que dicho comunicado es una "verdad a medias" que solo pretende confundir a la población.
En diálogo con RPP, calificó de "muy grave" la eliminación de los archivos y aseveró que la administración del Poder Judicial es la responsable de la desaparición de los 592 archivos.
"Yo pienso que aquí hay responsabilidad por parte de la administración del Poder Judicial, quienes estaban obligados a cautelar este material. Tuvieron que haber tomado conocimiento lo que ocurrió esa noche y debieron haber reportado", enfatizó.
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