Procuraduría: 92% de alcaldes del Perú son investigados por corrupción

Un informe de la Procuraduría Anticorrupción revela que de los 1,841 alcaldes a nivel nacional, 1,699 (92%) están siendo investigados por presuntos actos de corrupción vinculados a los delitos de peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión.

“Son 454 alcaldes provinciales (en actividad y exburgomaestres) y 1.245 distritales que estarían inmersos en actos de corrupción. También hay 429 exalcaldes provinciales y 1.326 exalcaldes distritales que son investigados por los mismos delitos”, detalla el documento el diario Perú 21.

La Procuraduría Anticorrupción realiza seguimiento a 21 mil 807 casos de investigaciones fiscales y juicios a alcaldes; de ese total, tres burgomaestres provinciales tienen 13 casos cada uno. Ellos son Mercedes Castro Arteaga, de Julcán, Lambayeque; Máximo Chipana Hurtado, de Concepción, Junín; y Adela  Jiménez Mera, de Maynas, Loreto, según publica el diario La República.

Asimismo, con 12 casos está Alfonso Santiago Gregorio, de Carlos Fermín Fitzcarrald, de la región Áncash; y con 11 casos Renán Saavedra Sandoval, de Mariscal Cáceres, región San Martín.

El informe también da cuenta de que Áncash es la región que concentra la mayor cantidad de funcionarios investigados, con 46 alcaldes provinciales y 146 distritales. Le sigue La Libertad, con 42 provinciales y 80 distritales.

Cusco figura terceo en el ránking, con 41 burgomaestres provinciales y 96 distritales. Más abajo está Puno, con 37 provinciales y 51 distritales; y Junín, con 34 provinciales y 116 distritales.

POSTULAN A LA REELECCIÓN

El procurador anticorrupción, Christian Salas, indicó que su institución busca que se impongan sanciones para los burgomaestres que hayan incurrido en delito, pero lamentó que más del 50% de los que están investigados postulan a la reelección.

Sostuvo que “mientras no haya un control debido, estas irregularidades continuarán” por la facilidad que tienen los funcionarios para disponer de los bienes del Estado.

“Hay una tentación directa. Un alcalde no puede agarrar dinero del Estado para su campaña electoral o de una obra de alcantarillado para construir una canchita de fútbol”, afirmó.

El funcionario también alertó que el Estado sufre “incalculables” pérdidas económicas a causa de la muy recurrente asignación de obras millonarias a empresas que han sido elegidas por pagar un ‘diezmo’ o porque cuentan con testaferros.