Reforma política y reforma judicial [COLUMNA]

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La denuncia formulada por el procurador Amado Enco contra su colega Jorge Ramírez ha terminado por desorientar a quienes intentan observar sin prejuicios ni sesgo político nuestras carencias institucionales. Desde luego ha alegrado notoriamente a los enemigos del Acuerdo de Colaboración con Odebrecht, entre los cuales junto a personas de buena fe, hay también personas que obran para protegerse de la Justicia evitando que se conozca toda la verdad.

El procurador Enco considera que Ramírez ha incurrido en negociación incompatible y omisión de funciones en la elaboración y ejecución del Acuerdo con Odebrecht. Sin embargo, el Acuerdo ha sido homologado por la Justicia que ha avalado sus términos: el monto de la reparación civil ha sido elaborado según los términos definidos por una ley, que solo se refiere a cuatro casos en los que hay confesiones, dejando abierta la posibilidad de que otros casos se incorporen de acuerdo precisamente al avance de las investigaciones, favorecidas por la confesiones obtenidas en el marco del Acuerdo.

Cuando el debate en torno al Acuerdo parecía apaciguado, dos hechos vinieron a reavivarlo, estimulando sin duda la tardía reacción de Enco. La venta de la Central Hidroeléctrica de Chaglla y nuevas revelaciones sobre el caso del Gasoducto del Sur, que a falta de confesiones y pruebas, no había sido incluido inicialmente en el Acuerdo. El presidente de la República intervino personalmente para cuestionar que Odebrecht cobrara una parte de lo pagado por la empresa compradora. Vizcarra pareció desbordar los límites de sus atribuciones al interferir en una decisión judicial. La denuncia de Enco parece ubicarse en la brecha abierta por el presidente.

Cualquiera sea la solución a este tema de apariencia técnica, lo decisivo es no perder de vista el objetivo esencial: investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, para sancionar las responsabilidades y garantizar que una trama corruptora de esa magnitud no vuelva a existir en nuestro país. Alejarnos de ese objetivo es favorecer la impunidad y condenarnos a que las redes de la corrupción sigan controlando el aparato del Estado y perturbando nuestra actividad económica.

La misma duda planea en torno a nuevas afirmaciones atribuidas a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. Barata ha revelado un conjunto de pseudónimos, confirmando en algunos casos las pistas de la Fiscalía y en otros aportando evidencias y documentos. Además de reiterar lo dicho sobre personalidades políticas como Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Susana Villarán, Martín Bustamante, Lourdes Flores y César Villanueva, Barata se refirió también a árbitros como Horacio Cánepa y a cuatro periodistas. El caso del congresista y ex primer ministro César Villanueva expresa de la manera más grave la pregunta a la que el observador se ve confrontado: ¿su conducta política, incluyendo la maniobra que condujo a la renuncia de Kuzcynski, fue inspirada por la conciencia de su vulnerabilidad judicial?

Esas preguntas solo pueden ser resueltas si la Justicia actúa con rigor e independencia. De ahí la importancia de evitar toda forma de interferencia, del presidente o de cualquier otro actor político. Y de ahí también la urgencia de sacar adelante la Junta Nacional de Justicia, encargada a la Comisión liderada por el Defensor del Pueblo. Sabemos muy bien que el diseño del examen no permitió seleccionar a los candidatos idóneos. Y que los filtros no funcionaron a tiempo para descartar desde el inicio a postulantes cuyas trayectorias no ofrecían las máximas garantías de integridad.

Los desafíos que enfrentamos como sociedad son a la vez políticos, judiciales y económicos. Los indicadores más claros son las vacilaciones del Estado en el caso Tía María, la súbita desaparición del condenado gobernador regional de Junín y la denuncia contra el Procurador ad hoc del caso Lava Jato.

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