El trabajo de la Procuraduría se centra en tres aspectos: quiénes fueron los beneficiados, quiénes habrían reincidido en la comisión de delitos, y a cuánto asciende la reparación que esos beneficiados le deben al Estado.
La procuradora antidrogas Sonia Medina informó este domingo que se encuentra avanzando en un 80 por ciento el trabajo de revisión de las listas de sentenciados por narcotráfico que recibieron indultos y conmutación de penas durante el anterior gobierno aprista, para verificar cuál es su situación actual.
Según explicó, el trabajo de la Procuraduría se centra en tres aspectos: quiénes fueron los beneficiados, quiénes habrían reincidido en la comisión de delitos, y a cuánto asciende la reparación que esos beneficiados le deben al Estado.
"Nos ha resultado un trabajo más complejo y complicado de lo que se esperaba. Hasta el momento estamos al 80 por ciento de la labor y no puedo calcular cuándo estaríamos terminando este trabajo", expresó.
En declaraciones a la Agencia Andina, refirió que este recojo de información se realiza con la verificación de los expedientes originales de cada caso registrado en el Poder Judicial, de tal forma que pueden precisar la gravedad del delito, la pena aplicada y el monto de la reparación.
Indicó, del mismo modo, que la Procuraduría trabaja con la información proporcionada del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), con los expedientes de solicitud de gracia presidencial, a través de indulto o conmutación de pena.
Según el presidente de la denominada ‘megacomisión’ de Parlamento, Sergio Tejada, más de 800 condenados que recibieron gracias presidenciales durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) reincidieron en delitos y ahora se encuentran prófugos.
Y de acuerdo a denuncias periodísticas, durante el gobierno anterior se dieron 5,500 indultos y conmutaciones de penas, entre ellas 3,207 a sentenciados por tráfico ilícito de drogas y de este último grupo, 400 en modalidad agravada.
Además, dos sentenciados por narcotráfico trabajaron para la Comisión de Gracias Presidenciales del gobierno aprista, y en semanas recientes se han conocido denuncias de reos que señalan que pagaron dinero a cambio del trámite de su conmutación de pena.
Medina consideró que la ‘megacomisión’, cuya ampliación del plazo de trabajo es para investigar los llamados ‘narcoindultos’, debe determinar si la responsabilidad de esos beneficios penitenciarios recae en una o varias personas.
"Puedo decir que hay una megacomisión y todo el país espera los resultados de su investigación. Si al final la megacomisión va más allá de dos personas, y termina siendo una estructura del delito, entonces que lo diga la comisión parlamentaria", acotó.
ANDINA
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