Revocan arresto domiciliario a Manuel Fajardo y otros miembros del Movadef

El Colegiado F de la Sala Penal Nacional estableció que el abogado del senderista Abimael Guzmán, Manuel Fajardo; y otros dos dirigentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) pueden transitar libremente por las calles al revocársele el arresto domiciliario que tenían, según una nota realizada por el diario Correo.

Los otros dos beneficiados con la medida son Oswaldo Esquivel Caycho (secretario de prensa de Movadef) y Marcelino Castro Gamboa.

La decisión fue tomada por los magistrados Víctor Valladolid, Olga Inga y Ana Vásquez. En la resolución –según el diario- se señala que no existen elementos de convicción suficientes para determinar que los mencionados hayan cometido delito de terrorismo agravado, como lo imputa el Ministerio Público.

“No se establecen los actos de terrorismo concretos”, precisa la resolución.

Como se recuerda, el pasado 5 de agosto fueron puestos en libertad seis miembros del Movadef -entre ellos Alfredo Crespo- al cambiarse la orden de prisión preventiva de 9 meses por la de comparecencia restringida.

El rotativo recuerda que dichas excarcelaciones provocaron que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (PJ) dispusiera el cese del Colegiado F. Sin embargo, antes de ser derivados a sus respetivos juzgados de origen, Valladolid, Inga y Vásquez ratificaron que debía levantarse el arresto domiciliario en contra de los otros tres miembros del Movadef.

Es así que dispusieron el retiro de Seguridad del Estado asignado a los imputados y que ellos sigan el proceso que se les sigue en el Tercer Juzgado Penal Nacional con impedimento de salida del país.

NIEGAN APELACIONES

A la ya cuestionada resolución del Colegiado F, se suma -según Correo- el que declararan improcedente los recursos de apelación que presentaron el titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal, Luis Landa, y el procurador antiterrorismo, Julio Galindo.

Ambas instancias han presentado recursos de queja que han sido elevados el último viernes a la Sala Superior Penal Transitoria de la Corte Suprema, que evaluará si procede o no la queja.

“PRESIÓN POLÍTICA”

Por su parte, en declaraciones al diario, el magistrado Víctor Valladolid insistió en que no hay fundamento legal para mantener las órdenes de prisión en base a que comprar planillones y recolectar firmas sean actos de terrorismo.

Consideró que “más ha pesado la presión política” para que se disponga la desactivación de su Colegiado.

“No sabemos si la decisión que nosotros hemos tomado era el motivo real (para la desactivación) o se le está haciendo el juego a los lavadores de activos. No sabemos”, declaró.