Rolando Sousa advierte que Crousillat puede gozar nuevamente de indulto

Es posible que un juez acepte el hábeas corpus presentado por José Enrique Crousillat y le devuelva la vigencia del indulto otorgado por el jefe de Estado, Alan García, el mismo que fuera revocado, toda vez que se ha violado el derecho a la legalidad penal que el ex empresario de televisión consiguió, afirmó el presidente de la comisión de Justicia del Congreso, Rolando Sousa.

"Es posible porque en el caso de Crousillat, nos guste o no, se ha violado el derecho a la legalidad penal que él tenía y que había conseguido. No es que él (Crousillat) sigue purgando prisión, a partir de una fecha queda liberado y después, por decisión del presidente, lo regresan a la cárcel. Eso no existe", manifestó tras asegurar que la Resolución Suprema es arbitraria e ilegal porque se basa en presunciones.

"Existe una comedia de equivocaciones en el tema del indulto al ex broadcaster televisivo José Enrique Crousillat", sostuvo Sousa, tras manifestar que el Gobierno ha cometido errores, "unos tras otros y unos peor que otros".

"Queda claro que la lavada de cara después del acto tan discutido del indulto ha sido peor que el mismo acto del indulto. Hay una comedia de equivocaciones, una tras otra  y una peor que otra, lamentablemente por la seguridad jurídica del país".

Sousa aseguró que el indulto no pudo condicionarse para que Crousillat no interponga acciones legales que considera reivindicatorias y para que no salga "por la ventana" o que no "vaya a comprar al Wong de Asia".

Preguntado sobre quién tienen responsabilidad en el indulto otorgado, Sousa dijo que el presidente es el responsable políticamente, "quien paga la responsabilidad política es el ministro del sector. Ya cayó el ministro del sector".

"Si la Comisión de Indulto decía que no procede, el presidente lo podía otorgar y si la Comisión de Indulto decía que el indulto procede, el presidente decía no procede, de manera que no había vinculación obligatoria para el presidente", agregó tras señalar que el Tribunal Constitucional (TC) "tiene la última palabra en este tema".