San Martín: No permitamos que gente cerrada impida el diálogo

El presidente del Poder Judicial, César San Martín, rechazó hoy que “gente cerrada” se convierta en un dique que impida el diálogo para solucionar los conflictos sociales, y advirtió que nadie puede asumir que “representa” al pueblo para ir contra la ley y la autoridad.

Subrayó que el diálogo supone el respeto al disenso y el ejercicio de la tolerancia, pero también el respeto a la legalidad y al derecho de los demás ciudadanos, por parte de quienes reclaman algo al Estado.

“Lograr consenso es difícil en una cultura de conflictividad (…) hay que tener vocación por la insistencia, ser tenaces e ir avanzando; pero, igualmente, no permitir que violentistas o gente cerrada pueda ser un dique que impida la fluidez de un diálogo abierto”, manifestó.

Las expresiones de San Martín se producen un día después que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se negará a asistir a una reunión para desentrampar el esfuerzo de diálogo sobre el conflicto social sobre el proyecto Conga.

Santos también dio por “terminada” la labor de los facilitadores monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea, que buscan crear un espacio de entendimiento para encaminar ese tema por la vía del diálogo.

El titular de la Corte Suprema cuestionó que en ciertas situaciones de conflictividad social algunas personas pretendan asumir la representación del pueblo para, desde esa posición, ir contra la ley y la autoridad.

Sostuvo que aunque es “irrazonable la mano blanda” ante situaciones de violencia; tampoco es razonable una posición de “cero tolerancia” porque eso, dijo, genera mayor violencia.

Mencionó que si ciertos conflictos sociales derivan al campo penal y jurisdiccional, es porque algunas manifestaciones rebasan el campo de la legalidad y atentan contra el orden, la propiedad pública y privada y el derecho de las demás personas.

“Cuando hay un desborde, la ley penal reclama su aplicación y el sistema judicial, que lo componen fiscales, policía y jueces, tiene que actuar. Eso es algo inevitable en defensa y primacía de la legalidad”, indicó.

Mencionó que en el presidente regional de Cajamarca tiene algunos procesos pendientes, pero no una denuncia con motivo de los actos de violencia ocurridos en la región Cajamarca, respecto al proyecto minero Conga.

Para que se produzca una denuncia, comentó, tendría que establecerse si él directamente ha ordenado, dispuesto, como directivo central, para que se produzca actos violentos que vulneren la ley penal

“Este es un tema que desde la perspectiva política y penal tiene que verse con mucho cuidado”, añadió.

Andina