Tuesta: Si revocan a 14 regidores de Lima habrá nuevas elecciones

Exjefe de la ONPE afirmó que habría nuevos comicios en Lima aún si la alcalde capitalina, Susana Villarán, no es revocada.
Lima
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Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), afirmó que si en el proceso de revocatoria resultan vacados 14 miembros del Concejo Provincial de Lima, incluida o no la alcaldesa capitalina, Susana Villarán, habrá nuevas elecciones.

La revocatoria de autoridades ediles es normada por la ley 26300 o Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, que establece que si vacan a un tercio del consejo edil, sea provincial o distrital, tiene que convocarse a nuevos comicios.

Tuesta afirmó que este proceso si bien es democrático no implica que este no pueda resultar negativo para la gobernabilidad.

Puso como ejemplo lo que ocurre en el distrito de San Bartolo. "No se ha revocado al alcalde, pero sí a sus concejales y habrá nuevas elecciones. El alcalde que no ha sido revocado tendrá un concejo opositor", anotó.

Añadió que convocar a nuevas elecciones representaría un nuevo gasto, que como ha estimado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo en el proceso de Lima costará 69 millones de soles.
 
"Si se suma lo que ha solicitado el JNE, Reniec y las Fuerzas Armadas estaríamos llegando a alrededor de 100 millones de soles. Solo en Lima y solo revocatoria", aseveró.

Apuntó que si en caso se quisiese optar porque el proceso de revocatoria a Villarán se realice por separado de los otros distritos, esto sería más costoso.

Dijo que sería imposible realizar la consulta popular en febrero por términos de organización, presupuestales y porque la ley lo limita en términos de plazos. En tal sentido, opinó que "el mejor escenario sería junio".

Tuesta Soldevilla remarcó que a raíz de que la revocatoria llegó por primera vez a Lima Metropolitana, se ha puesto en consideración de que hace falta una reforma a la Ley Electoral.

Sostuvo que en el Congreso se debe insistir en la revisión del marco general del proceso de revocatoria, el mismo que consideró debe ir separado del debate sobre la eliminación del voto preferencial.