Malos elementos del Poder Judicial siempre libraron a la red de todo tipo de responsabilidad, pese a las graves denuncias que tenía
Tras la captura del brazo legal de la red de Rodolfo Orellana y el pedido de detención de jueces de Ucayali, la mira de las autoridades debe apuntar a magistrados que ayudaron a dicho empresario en zonas como Chimbote, Ica y Lurín, indicó el congresista Víctor García Belaunde.
"La red tuvo ayuda judicial no solo en Ucayali, donde la justicia estuvo a su servicio, sino también en sitios como Chimbote, Ica, Chincha y Lurín, en los que también fue favorecido su accionar", señaló el parlamentario.
Según indicó, la organización de Orellana se respaldó en malos agentes policiales, algunos ya detenidos, pero esos errores podían y debían ser corregidos en el Poder Judicial, algo que no sucedía.
"Malos elementos del Poder Judicial siempre libraron a la red de todo tipo de responsabilidad, pese a las graves denuncias que tenía. La mira debe estar puesta ahora en ellos", indicó a la Agencia Andina.
Con las ocho detenciones del último martes, a través de la operación Tempestad, el 90 por ciento de la organización criminal de Orellana se encuentra desarticulado, estimó la fiscal del caso Marita Barreto.
Además, se dictaron medidas de coerción contra un juez superior y cuatro jueces de investigación preparatoria del distrito judicial de Ucayali, por sus vínculos con la red.
Se trata de Francisco de Paula Boza Olivari, juez superior; Antonio Reátegui, Ricardo Castro Vela Patiño, y Wenceslao Portugal, para quienes se pidió prisión preventiva y suspensión en sus funciones, además de impedimento de salida del país.
ANDINA
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