Congreso aprueba proyectos de ley para sancionar y prevenir casos de violencia de género

El Congreso aprobó cinco proyectos de ley sobre violencia de género los cuales elevan las sanciones para los responsables y disponen proteger a las mujeres y menores.

Explotación sexual

Por unanimidad, el pleno le dio luz verde al dictamen que modifica el Código Penal con la finalidad de sancionar el delito de explotación sexual, en sus diversas modalidades, para salvaguardar a los niños, adolescentes y mujeres. La propuesta fue aprobada con 82 votos a favor y fue exonerada de segunda votación.

La propuesta modifica el artículo 153-B del Código Penal, según el cual el que obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual para obtener un aprovechamiento económico o de otra índole es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

"La pena privativa de libertad es no menor de 15 años ni mayor de 20 años cuando el agente comete el delito en el ámbito del turismo, en el marco de la actividad de una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica", señaló el Parlamento en un comunicado.

Y la pena será no menor de 20 años ni mayor de 25 años si la víctima tiene discapacidad, es adulta mayor o padece de una enfermedad grave.

Además, se modifica el artículo 179º que señala que el que promueve, publicita, favorecer o facilita la explotación sexual de otra persona, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor a ocho años.

Curso sobre violencia familiar

El Legislativo también aprobó el dictamen que plantea declarar de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares sobre igualdad de oportunidades y contra la violencia familiar en la Educación Básica Regular.

La presidenta de la Comisión de la Mujer, Cecilia Chacón, dijo que la propuesta contribuye al fortalecimiento de la familia. "En la etapa escolar se debe instruir a los educandos para que aprendan a cultivar los valores de la familia", comentó.

Registro nacional de agresores

De igual modo, se aprobaron los proyectos de ley 258, 793, 2072, 2420 y 2451 que proponen la Ley que fortalece el Registro Nacional de Condenas y los sistemas de información para garantizar la protección de los menores y la prevención de la violencia.

La propuesta de las Comisiones de la Mujer y Justicia plantean, asimismo, la creación de un Registro de Prevención e Identificación de Agresores Sexuales.

La norma señala que el Poder Judicial suministrará la data correspondiente de las resoluciones emitidas por los jueces a nivel nacional, en las que se identifique a los agresores con orden captura. La base informática debe tener un acceso sencillo y gratuito para la ciudadanía.

Sanciones a hospedajes y servicios turísticos

El pleno también le dio luz verde al proyecto de ley que sanciona con el cierre de aquellos hospedajes que permitan el ingreso de niños y adolescentes sin sus padres o responsables debidamente acreditados.

La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Cecilia Chacón, explicó que la ley propone que el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los hospedajes se debe realizar en compañía de uno o de ambos padres, tutores o curadores, o el responsable acreditado con una autorización escrita y firma legalizada en notaría o autorización judicial.

La parlamentaria de Fuerza Popular indicó que los establecimientos que incumplan la norma serán multados. Las sanciones van desde de 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) hasta la cancelación definitiva del hospedaje.

Tras el debate y un cuarto intermedio, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Moisés Guía Panto, presentó un texto sustitutorio en el cual se establece también que los prestadores de servicios turísticos perderán su autorización para desarrollar esta actividad cuando promuevan o permitan la explotación sexual de los menores y adolescentes.

Descarga procesal

Finalmente, se aprobó el proyecto de ley 840 que propone medidas para la descarga procesal en los despachos fiscales y judiciales en materia penal, para priorizar casos de trascendencia social, como los de violencia de género y abuso sexual contra menores. La iniciativa fue planteada por el Ministerio Público.

La norma plantea el archivo definitivo, previa revisión, de hechos delictivos cometidos antes de 1995, con la excepción de casos por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual de menores de edad, violación sexual de menores de edad seguida de muerte o lesión grave, y otros delitos de libertad sexual.