El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, explicó que ha presentado la iniciativa para evitar que “ministros purgados por incapaces e inmorales permanezcan en el Estado”.
El congresista de Acción Popular, Wilson Soto Palacios, presentó un proyecto de reforma constitucional para evitar que los ministros censurados vuelvan a dirigir una cartera ministerial. La iniciativa se interpone tras la censura del investigado Geiner Alvarado como ministro de Transportes y Comunicaciones.
El proyecto de reforma constitucional N° 3083/2022, que contiene la firma de los legisladores de AP, establece la modificación del artículo 124 de la Constitución, el cual especifica los requisitos para la designación de un ministro de Estado.
La iniciativa propone que dentro de sus parámetros el mencionado artículo contenga el siguiente requisito:
“Para ser ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, haber cumplido veinticinco años de edad y no haber sido censurado dentro del periodo constitucional. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros”.
En el documento, Soto también especificó que los ministros censurados no podrán ocupar cargos ministeriales durante los cinco años del mandato del presidente y del Congreso.
Gobierno infringe la labor del Congreso cuando repone ministros censurados
Sin recordar el caso de Betssy Chávez (Cultura), quien retornó al Gabinete Ministerial tras haber censurada como ministra de Trabajo, el parlamentario alegó en su iniciativa que un Gobierno infringe la labor política del Congreso cuando repone a los ministros que previamente fueron censurados.
“Para evitar que los poderes de Estado vivan en constantes conflictos innecesarios es importante regular los requisitos del ministro y dentro de estos consignar el no haber sido censurado previamente”, expuso el congresista.
Finalmente, el legislador acciopopulista agregó – en su cuenta de Twitter – que el proyecto se ha presentado para evitar que “ministros purgados por incapaces, inmorales o involucrados en actos delictivos permanezcan en el Estado”.
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