El parlamentario de Acción Popular, Edwin Martínez, señaló que los congresistas tienen facultades de fiscalización y que la procuradora "buscó que se interprete que hay tráfico de influencias".
Congreso
"¿En mérito a qué proceden a hacer un desalojo?", cuestionó Edwin Martínez
El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, negó haber intentado intervenir en un desalojo en el asentamiento humano Villa El Mirador, ubicado en el distrito de Uraca, en la provincia de Castilla, región Arequipa.
Personas de asesoría jurídica y efectivos de la Policía Nacional llegaron a dicho asentamiento para desalojar dos mil metros cuadrados que -según el alcalde de Castilla, Renzo Pastor- son zonas de vía y se están habilitando en el nuevo plan metropolitano.
"Lo único que solicito es que para proceder a hacer un desalojo se tiene que hacer todo un actuado. Según especifica el señor, ahí han ido de la noche a la mañana, no le han hecho ningún tipo de proceso y están desalojando. ¿En mérito a qué proceden a hacer un desalojo?", cuestionó el parlamentario.
Tras ello, la procuradora le preguntó en calidad de qué se estaba comunicando, a lo que Martínez respondió: "Como congresista".
"Usted me está llamando como congresista. ¿Usted sabe que es tráfico de influencias, señor? Usted está diciéndome que es congresista y porque usted es congresista yo debo de dejar de hacer mi trabajo. Lo tengo anotado. No tengo nada que hablar con usted", continuó la procuradora.
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Edwin Martínez: "La procuradora buscó que se interprete que hay tráfico de influencias"
En La Rotativa del Aire, Edwin Martínez señaló que la procuradora a cargo del desalojo buscó que su intervención "se interprete como tráfico de influencias".
"Yo recibo una llamada de un grupo de vecinos que me indican que estaban siendo atropellados de una forma un poco abusiva porque no le habían avisado de este desalojo. Entonces le digo que me pase con la persona que estaba haciendo el desalojo, porque hay toda una documentación que tienen que sustentar", aseveró.
"Los congresistas de la República tenemos ciertas facultades y dentro de ellas está el tema de la fiscalización. Y ante un supuesto abuso uno sí o sí tiene que buscar objetivamente por qué se está realizando el desalojo. Y la procuradora en ningún momento ha dicho por tal o cual cosa, sino de frente buscó que la gente interprete que hay tráfico de influencias", finalizó.
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