Dina Boluarte solicitó que se declaren nulos y sin efectos legales los actos realizados por la Fiscalía al considerar que los mismos han vulnerado una serie de derechos constitucionales.
Judiciales
TC recibió demanda de amparo de Dina Boluarte para anular denuncia por muerte de 5 personas y un herido durante protestas sociales
El Tribunal Constitucional recibió la demanda de amparo que presentó la presidenta, Dina Boluarte, para anular la denuncia constitucional que interpuso la Fiscalía de la Nación en su contra ante el Congreso de la República por la muerte de cinco personas y las lesiones graves de una sexta durante las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
La mandataria solicitó que se declaren nulos y sin efectos legales los actos realizados por la Fiscalía en este caso al considerar que los mismos han vulnerado sus derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones fiscales, al debido proceso y la desnaturalización de la prerrogativa de la inmunidad presidencial.
Esta demanda de amparo llegó al Tribunal Constitucional el último 28 agosto a través de un recurso de agravio constitucional tras haber sido rechazada previamente por el juez Jonathan Valencia López y la Segunda Sala Constitucional, en primera y segunda instancia, respectivamente.
Corresponde ahora al máximo intérprete de nuestra Carta Magna determinar primero si admite a trámite este recurso de agravio constitucional y, de darse el caso, convocar a una audiencia para evaluar el fondo de esta demanda de amparo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.
La Fiscalía de la Nación presentó esta denuncia constitucional contra la mandataria en noviembre del 2023 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para que se proceda con el trámite respectivo; sin embargo, el último 18 de julio, este grupo de trabajo rechazo aprobar el informe que proponía admitir a trámite esta denuncia constitucional por lo que esta decisión deberá ser revisada por la Comisión Permanente del Congreso, instancia que si rechaza también este informe, el caso será archivado.
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