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por Sebastián Acosta
·La legisladora de la bancada Bloque Democrático Popular indicó que esta norma debe ser derogada pues no representa ningún beneficio a la población y por el contrario ha debilitado el sistema de administración de justicia al poner trabas a la investigación.
Ruth Luque, parlamentaria de la bancada Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley para derogar la Ley 32108 que modifica artículos del Código Penal, la Ley contra el crimen organizado y la Ley de procedimiento para medidas excepcionales en investigaciones preliminares.
A través de su cuenta en X, la parlamentaria indicó que esta norma debe ser derogada, pues no representa ningún beneficio a la población. Asimismo, instó a sus colegas en el Congreso a derogar esta norma si dicen luchar contra la delincuencia y compartió el documento de su iniciativa.
“Si las fuerzas políticas y sus líderes, representados en el Congreso dicen luchar contra la delincuencia y no buscan favorecer a las organizaciones criminales, entonces NO podemos cederle ventajas legales”, señaló.
Esta norma fue promulgada por insistencia el pasado 9 de agosto, pese a los cuestionamientos por parte de diversas entidades como el Ministerio Público, desde donde anunciaron una demanda ante el Tribunal Constitucional para que la declaren inconstitucional.
#Derogatoria Acabo de presentar PL para derogar la Ley 32108. Si las fuerzas políticas y sus líderes, representados en el @congresoperu, dicen luchar contra la delincuencia y no buscan favorecer a las organizaciones criminales, entonces NO podemos cederle ventajas legales. Se… pic.twitter.com/6TxObX00zn
— Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) August 26, 2024
Modificaciones
La ley en cuestión redefine el concepto de organización criminal como un grupo de estructura compleja, estable, permanente o indefinida, compuesto por tres o más personas que se reparten roles para cometer delitos graves con penas mayores de seis años de prisión.
El cambio sustancial establece que, para ser considerada una organización criminal, debe tener como objetivo controlar directa o indirectamente la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, a fin de obtener un beneficio económico. Esta delimitación permite que algunos delitos contra la administración pública queden fuera del nuevo concepto de organización criminal.
Asimismo, aborda los allanamientos de inmuebles y establece que para el registro de los predios intervenidos se cuente con la presencia del interesado y su abogado. Si el investigado no cuenta con un abogado, el Estado le asignará uno de oficio.
También se refiere al levantamiento del secreto bancario y se excluyen del bloqueo e inmovilización solicitados por la Fiscalía los ingresos pensionarios y laborales de los investigados. Además, se añaden excepciones para los bienes y activos de organizaciones políticas legalmente reconocidas.
En tanto, la iniciativa de la parlamentaria Luque plantea que se reincorpore la vigencia de los artículos del Código Penal, el Decreto legislativo 635 y la Ley contra el crimen organizado modificados por la norma.
Se señala también que dicha ley fue aprobada en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada; sin embargo, en la práctica se ha debilitado el sistema de administración de justicia al ponerle trabas a la investigación y poner en riesgo los elementos de prueba a incautarse.
Las autoridades se querellan, la criminalidad avanza
Basta ya de distraernos con querellas subalternas y mezquinas. Queremos resultados en la lucha por la seguridad ciudadana.
Sebastián Acosta Periodista
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