La comisión parlamentaria decidió pasar a 25 personas y cuatro empresas -tres vinculadas a Martín Belaúnde Lossio- de testigos a investigados.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, señaló este lunes que su grupo de trabajo decidió pasar a 25 personas y cuatro empresas -tres vinculadas a Martín Belaúnde Lossio- de la condición de testigos a la de investigados, en el caso que se sigue por las agendas de Nadine Heredia.
La lista incluye a Cristina Velita de Laboureix, ex ginecóloga de Heredia y ex embajadora del Perú en París, quien aparentemente es mencionada como "Christi", en una de las agendas. También figuran María Ivoska Humala, hermana del presidente Ollanta Humala y al exprimer ministro Salomón Lerner.
Rondón señaló que estas personas no pasan a la condición de investigados “porque al presidente de la comisión se le antoja o al grupo que trabaja el tema”, sino porque sus nombres aparecen repetidas veces en las agendas y en otros casos se les consigna cantidades de dinero.
Asimismo, dijo que a todas las personas que ahora están en condición de investigados se les cursaron los “pliegos interrogatorios respectivos” y se les esperó todos los plazos de acuerdo a ley,
Oficialismo denuncia violación al debido proceso
La decisión de Fiscalización provocó la indignación de los congresistas oficialistas quienes denunciaron que se había violado el debido proceso con fines claramente políticos.
El nacionalista Fredy Otárola, indicó que se ha pasado a condición de investigados "a gente que no ha sido notificada" y sin "ningún cargo concreto" y responsabilizó de ello al presidente de la comisión, Gustavo Rondón.
Afirmó, que cuando solicitaron una cuestión previa para tener acceso a los documentos que sustentan la decisión tomada, el resto de integrantes de la comisión se negó "antirreglamentariamente a votar" el pedido.
"El señor (Gustavo) Rondón destruyó esta comisión, los congresistas no saben lo que han votado porque no han tenido los documentos, porque no han tenido en base a que (decidir)", aseveró
Denuncia penal
Por su parte, Josué Gutiérrez, dijo que las personas pasadas a condición de investigadas han sido incluidas en el proceso solo porque fueron mencionados en medios de comunicación y calificó el hecho como desproporcionado.
Adelantó que recurrirán a las instancias que sean necesarias, para pedir que se invalide la sesión de este lunes "porque ha sido una imposición".
En tal sentido, dijo que "el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse respecto a estos hechos", y que incluso podrían presentar una denuncia penal contra los integrantes de Fiscalización por abuso de autoridad.
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