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La iniciativa legislativa impulsada por la legisladora de Renovación Popular señala que, de promulgarse la reforma constitucional, concluirían las funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y se cambiaría su denominación para que pase a llamarse Escuela Nacional de la Magistratura, que se encargaría de la selección y formación de los aspirantes a ser jueces o fiscales.
Gladys Echaíz, congresista de la bancada de Renovación Popular, presentó un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, institución que reemplazaría a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que desde el Parlamento viene siendo objeto de mociones para la remoción de sus integrantes.
Dicha ley tiene como objetivo que la Escuela Nacional de la Magistratura sea el “único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal”.
En ese sentido, precisa que dicha entidad vendría a ser “el centro superior de alta especialización e investigación académica que se encarga de la selección y formación de los aspirantes a ser jueces o fiscales y de su nombramiento; de la capacitación con fines de ascenso y de su actualización y perfeccionamiento; así como, de extender el título que los acredite como jueces o fiscales en su correspondiente grado y de su cancelación en los supuestos previstos por la ley”.
Asimismo, refiere que su propósito es mejorar la competencia profesional, así como las actitudes y aptitudes de los magistrados, a fin de “garantizar una administración de justicia independiente, confiable, accesible y eficiente”.
El proyecto señala también que, de promulgarse la reforma constitucional, concluirían las funciones de la JNJ y se cambiaría su denominación para que pase a llamarse Escuela Nacional de la Magistratura.
Motivo para la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura
Dentro de justificación para esta iniciativa legislativa, la exfiscal de la Nación afirmó que los actuales miembros de la JNJ se dedican a la docencia o han ejercido algunos cargos públicos o jurisdiccionales de segundo grado, desconociendo la practica judicial y fiscal nacional, así como la real problemática de estas instituciones pertenecientes al sistema de administración de justicia.
Añade que esto se debe no solo por su falta de experiencia en el ejercicio libre de la profesión y falta de vinculación con el sistema de justicia en su integridad, sino porque ninguno de ellos acredita haberse involucrado en el estudio o investigación de este conjunto de problemas.
“Los miembros del Consejo Directivo son elegidos por cinco años, no son reelegibles y ejercen el cargo a dedicación exclusiva. En la misma oportunidad se elegirá a los miembros suplentes. El Consejo Directivo elige a su presidente ejecutivo por un periodo de dos años, prorrogable por un año adicional, quien ejerce la titularidad y la conducción ejecutiva de la Escuela”, detalla el documento.
Los requisitos para ser parte de esta escuela es ser peruano de nacimiento, mayor de 55 años, abogado con no menos de 25 años de experiencia, tener el grado de maestro o doctor, contar con mínimo cinco años como juez o fiscal supremo y no haber sido objeto de alguna sanción por delito doloso, entre otros.
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Jorge Luis Pinedo Barrera Redactor
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