Maricarmen Alva: “Saludo la publicación de la ley que permitirá cremar los restos del terrorista Abimael Guzmán”

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, saludó la promulgación a la modificatoria de ley que permite que los restos de los cabecillas terroristas sentenciados que fallezcan durante el cumplimiento de su condena sean cremados y sus cenizas esparcidas en un lugar que se mantendrá en reserva. 

A través de su cuenta de Twitter, la también parlamentaria por la bancada de Acción Popular, señaló que esta ley brindará "justicia a la víctimas" durante la época del terrorismo que azotó el país. 

"Saludo la publicación en El Peruano de la ley que permitirá cremar los restos del terrorista Abimael Guzmán, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Pedro Castillo el día de hoy. Unidad contra el terrorismo y justicia a los miles de víctimas", escribió. 

El documento de la ley lleva las firmas de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y la primera vicepresidenta de este poder del Estado, Lady Camones, así como del presidente de la República, Pedro Castillo, y del jefe del Gabinete, Guido Bellido.

Proyecto de ley

La iniciativa fue aprobada ayer en el Pleno del Congreso. La modificación recibió, en primera votación, la adhesión de 70 parlamentarios, mientras que otros 32 se manifestaron en contra y 14 se abstuvieron.

Luego, se votó para exonerar al dictamen de una segunda votación reglamentaria, aprobándose dicho pedido con 81 votos a favor, 37 en contra y una abstención.

Gladys Echaíz (APP), presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, sustentó el dictamen, elaborado sobre la base de un proyecto de ley suyo y de otro, remitido por el Ministerio Público.

La parlamentaria señaló que el objetivo de esta iniciativa es evitar alteraciones del orden público y amenazas a la seguridad nacional derivadas del deceso de los cabecillas de las organizaciones terroristas.

La iniciativa contempla añadir al artículo 112 de la Ley General de Salud (Ley 26842) que el fiscal competente podrá disponer la cremación del sentenciado fallecido “en decisión motivada e inimpugnable” cuando la entrega del cuerpo, su traslado, sepelio o inhumación “ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno”.

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