Frente Amplio presentó moción para conformar una comisión que investigue el contenido de los audios

El congresista Lenin Checco, vocero del Frente Amplio, pidió la admisión de la moción de orden del día presentada por su bancada para que se conforme una comisión parlamentaria que investigue los audios presentados por el congresista Edgar Alarcón y en los que se comprometería al presidente Martín Vizcarra en presuntos actos irregulares.

"A nosotros nos preocupa quién juzga al que estamos investigando. Eso también nos preocupa. Nosotros como bancada hemos tomado la decisión de presentar esta moción y luego vamos a tomar una posición (sobre la vacancia), pero lo más importante es que no podemos jugar al gato y al ratón sacando cada día nuevos audios", señaló.

En declaraciones a la prensa, pidió que Edgar Alarcón dé un paso al costado en la presidencia de la Comisión de Fiscalización para que la investigación que realiza este grupo sobre los contratos del cantante Richard Cisneros "continúe con toda la seriedad del caso". Además, hizo un llamado a la Fiscalía de la Nación para que investigue el caso.

Sobre esto último, Checco envió esta mañana, a nombre de la bancada del Frente Amplio, un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que inicie "de inmediato" una investigación preliminar por presuntos ilícitos penales en el despacho y entorno del presidente Martín Vizcarra teniendo como referencia los audios difundidos en el Congreso.

El vocero solicitó que a través de un equipo especial se dé inicio a la investigación preliminar, adoptándose las medidas y requerimientos fiscales necesarios para el esclarecimiento de los hechos en la cual estarían involucrados Richard Cisneros, Karem Roca Luque, Miriam Morales, el presidente Martín Vizcarra y otros implicados.

El legislador señaló que las afirmaciones contenidas en los audios dan cuenta de evidentes hechos de connotación penal que involucran al entorno del despacho presidencial y al propio mandatario Vizcarra, siendo un hecho en el nivel más alto de la función pública y en un contexto de crisis sanitaria y económica.

“Corresponde a la Fiscal de la Nación, a través de la instancia correspondientes dar inicio de inmediato a una investigación de oficio de manera célere y realizar los requerimientos necesarios en el marco de sus competencias, en resguardo de la correcta administración de justicia y la tutela de los bienes públicos y privados, a fin de deslindar la responsabilidad penal y el grado de participación de los involucrados en presuntos ilícitos de corrupción, tráfico de influencias, negociación incompatible, falsedad genérica y otros ilícitos penales”, manifestó.

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